A dos años del enfrentamiento en Chalchihuapan, cada uno de los protagonistas vive una realidad distinta a la que vivía antes del 9 de julio de 2014.

Fueron nueve los lesionados reconocidos oficialmente, con un niño muerto, el saldo del enfrentamiento en el cual la Policía Estatal violó los derechos humanos de los pobladores.

Así lo determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), luego de emitir la recomendación 2VG/2014, donde sus 11 puntos se han cumplido “a medias”.

En tanto, de los cientos de personas participantes en el enfrentamiento, incluyendo policías y pobladores, solo hay un detenido que ni siquiera tuvo qué ver en la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

Se trata del expresidente auxiliar de Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, detenido por intento de homicidio contra los policías.

Esos mismos uniformados están libres, a pesar de que se comprobó que mataron al niño de 13 años de edad, José Luis.

En tanto, cada uno de los lesionados recibió indemnizaciones que oscilan entre los 100 y 300 mil pesos, mientras que Elia Tamayo, madre de José Luis, ha rechazado constantemente el millón 500 mil pesos que le ofrecen como pago para reparar el daño.

El movimiento de Chalchihuapan creció cuando aquel día protestaban porque el gobierno estatal les quitó facultades, sobre todo en la administración del Registro Civil y de la seguridad pública.

El 9 de julio de 2014 policías estatales de Puebla se enfrentaron a pobladores de distintas comunidades en Chalchihuapan, en un desalojo que se prolongó varias horas.

Los habitantes mantuvieron bloqueada la autopista Puebla-Atlixco para exigir que el gobierno estatal les restituyera el Registro Civil a las juntas auxiliares.

El desalojo por la fuerza dejó más de 30 heridos y lesionado de gravedad al menor José Luis Tehuatlie por el impacto de una lata de gas lacrimógeno -según comprobó en su investigación CNDH- quien moriría días después por las lesiones.

La policía poblana actuó amparada bajo la llamada Ley bala, creada para regular el uso de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado, y que se aprobó el 19 de mayo de 2014.

Caso sin justicia

Aún están pendientes de cumplir 5 de los 11 puntos de la recomendación por violaciones graves a los derechos humanos de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El “informe especial sobre las recomendaciones en trámite dirigidas a las autoridades federales, estatales y municipales”, presentado por el titular del organismo, Luis Raúl González Pérez, revela que el caso no está cerrado.

En el expediente 2VG/2014 por violaciones graves a los derechos humanos durante el desalojo policiaco del 9 de julio de 2014 en Chalchihuapan, destaca que de los 11 puntos que contiene el documento, seis fueron cumplidos en su totalidad.

Otros cinco puntos se han cumplido parcialmente, como la creación de una fiscalía, la reparación de los daños causados a las víctimas y el ofrecimiento de una disculpa institucional a las mismas.

También se anota como cumplida la promoción de una queja ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en contra de los elementos involucrados y la presentación de denuncias penales.

El edil

Jairo Javier Montes Bautista está a cuatro meses de cumplir dos años en prisión.

Se encuentra internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel en el denominado dormitorio Z, donde duermen los reos más peligrosos de todo el penal poblano.

Desde este lugar, en constantes ocasiones ha emitido cartas para dar su punto de vista de la situación de Chalchihuapan.

Se encuentra internado por el delito de intento de homicidio en contra de un policía estatal.

Y es que presuntamente fue captado por un fotógrafo en el momento cuando golpeaba a un uniformado que habían retenido los pobladores aquel 9 de julio.

Hasta la fecha niega que sea él el de las fotografías, a pesar del gran parecido.

En noviembre de 2015, cuando cumplió su primer año, Jairo Javier en entrevista para Intolerancia Diario desde el interior del penal, señaló tajante que está en una especie de vacaciones, aunque advierte que desde ahí sigue su lucha contra el gobierno estatal.

“Quiero que sepa el gobierno que me mantendrá encerrado, pero yo seguiré en la lucha y dando la batalla para que la Ley bala no se replique en el país y voy a pelear para que lo que pasó en mi pueblo no se vuelva a repetir”, aseguró.

—¿Cómo le harás?

—Los presidentes auxiliares harán su parte y yo la mía, voy a levantar la voz, no me quedaré callado.

Ahora habita una celda con tres personas más, quienes duermen en las camas de cemento, mientras él lo tiene que hacer en el suelo, solo con un cobertor, debido a que fue el último que llegó al dormitorio Z.

La activista

Elia Tamayo, madre de José Luis, se ha convertido en una verdadera activista, aunque no ha dejado de trabajar el cáñamo para tendederos que la mantiene en su vida humilde.

La mujer indígena, siempre arropada por su suéter color mamey, ahora es presidenta del denominado Centro de Defensa de Derechos Humanos “José Luis Tehuatlie Tamayo”, nombrado así en honor a su hijo.

Desde hace dos años siempre ha sido apoyada por distintos personajes, que fueron desde la exdiputada federal Roxana Luna, hasta Araceli Bautista, madre de Jairo Javier.

El 10 de julio de 2014, Intolerancia Diario fue el primer medio que entrevistó a Elia Tamayo, justo en el área de urgencias del Hospital General del Sur, la mañana después del enfrentamiento.

En la entrevista inició su lucha para que se supiera la verdad, luego de que el gobierno estatal insistió que su hijo fue lesionado por los mismos pobladores por medio de cohetones.

“Los granaderos estaban aventando cosas que explotaban y cuando yo oí eso, mi hijo cayó de un lado, yo venía de cinco metros”.

—¿Venía atrás de su hijo?

—Sí

—¿Pero fue desde de los granaderos?

—Sí, desde ahí porque yo sé que estaban aventando, que estaban agrediendo a las personas. Estaban tronando bastante.

Desde entonces se ha mantenido a buscar justicia, la que dice, no ha llegado.

El policía

Facundo Rosas Rosas era entonces secretario de Seguridad Pública en el estado, quien desde una camioneta, a unos metros de distancia y sin ensuciarse los zapatos, dio la orden del desalojo.

A dos años de distancia, fue dado de baja de la corporación, pero no por el caso Chalchihuapan, sino por el tema de robo de hidrocarburos donde fueron detenidos subalternos.

Sin embargo, Facundo Rosas no ha sido sancionado por ninguna situación.

Ni siquiera ha aceptado el pago de la multa impuesta tras la recomendación de la CNDH, al iniciar un juicio de amparo. El monto no ha sido revelado.

La mamá

Araceli Bautista es la mamá de Jairo Javier, quien desde que inició el problema, también se ha convertido en una activista y detractora sobre todo del gobernador Rafael Moreno Valle.

Aunque ha tenido un distanciamiento con su hijo, el exedil, afirma que sigue la lucha por lograr la liberación de su vástago; ahora es integrante del Centro de Derechos Humanos “José Luis Tehuatlie”.

También se ha convertido en inseparable de Elia Tamayo, a quien aconseja todo movimiento y toda palabra que salga de su boca, aseguran algunas fuentes.

Policías libres

Juan Máximo, coordinador de la IV Región, ubicada en el municipio de Zacatepec; Francisco López Domínguez, Germán Nava, Rómulo Ramiro Juárez Santiago y Luis Bernardo González, están libres.

Estos elementos de la Policía Estatal fueron los señalados por abuso de autoridad y dos de ellos responsables de la muerte del niño José Luis, los otros cuatro solo enfrentan cargos por falsedad de declaraciones y lesiones dolosas.

El 23 de octubre de 2014 el juez tercero de lo Penal dictó auto de formal prisión contra los agentes preventivos, pero salieron en diciembre de ese mismo año bajo caución y desde entonces llevan su proceso en libertad.