La Secretaría General de Gobierno (SGG), mediante su titular, Diódoro Carrasco Altamirano, salió al quite sobre los señalamientos públicos efectuados por Intolerancia Diario en que se dio a conocer que la señora Elia Tamayo fue obligada a aceptar una compensación económica por el asesinato de su hijo, José Luis Tlehualtie, derivado del caso Chalchihuapan.

En este sentido, el encargado de la gobernabilidad en la entidad, aseguró que la administración de Rafael Moreno Valle no la presionó para recibir el pago, bajo amenazas.

Sin embargo, aludió que una vez realizada la compensación el gobierno estatal dio por finiquitado el tema y las 11 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), bajo el expediente 2VG/2014.

Durante su estancia en el Congreso de Puebla, Diódoro Carrasco indicó a cuentagotas que no tenía comentarios al respecto, presumiendo que la administración estatal se apega a la ley.

Se están cumpliendo las recomendaciones de la CNDH. Una de éstas es que se cubriera una cuota, no de indemnización, con criterios internacionales que la fijó la CNDH”, sentenció.

Mientras tanto, aludió que el monto entregado, 2.5 millones de pesos, en este caso es menor comparado con otros casos, cuando se han cubierto hasta 60 millones de pesos.