El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) alertó mediante el estudio denominado “Deuda estatal, un problema público nacional” sobre el incremento de los pasivos estatales y el riesgo que representan, siendo el caso más grave Puebla.

De esta forma, el CEEY ejemplificó que la deuda pública ha desenvuelto escándalos de corrupción en Veracruz, Nuevo León y Chihuahua, asegurando que se ha comprometido el estado financiero de varias generaciones de mexicanos bajo la colusión de Congresos locales y gobernadores.

En dicho documento, el organismo señaló que durante los primeros seis meses de este año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que el endeudamiento estatal registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) llegaba a los 529 mil 719 millones de pesos, sin embargo, contrastado con 2015 la deuda general ascendía a 511 mil 719 millones de pesos, lo que representó un incremento del 3.5 por ciento.

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Sin embargo –abundó el CEEY- de esta cifra quedaron exentos los llamados “otros pasivos”, elevando “más de 50 mil millones de pesos, de 536 mil 249 a 586 mil 733 millones de pesos en diciembre de 2015. Esto significa una diferencia de 9.4 por ciento por la inclusión de los pasivos no registrados”.

Al respecto, en los primeros números no se incluyeron los pasivos correspondientes a los contenidos en fideicomisos privados, pagos que se han garantizado a través de los impuestos locales.

Tal es el caso de los ‘Proyectos de Prestación de Servicios’ (PPS) o de las Asociaciones Público Privadas (APS). En años anteriores se llegaron a modificar leyes estatales para permitir el endeudamiento a través de diversas figuras legales como ésas, pero no se las llamó deuda, por lo tanto, no tuvieron que pasar por la aprobación de la legislatura”, indicó el documento.

Asimismo, consideró que el endeudamiento público en los estados no ha parado, por lo que se desconocen datos completos, pero se han dado casos en que las deudas registradas ante las autoridades hacendarias son menores a los “demás pasivos”, siendo el caso más grave Puebla.

El gobierno estatal reportó a la SHCP (y a la sociedad en general en el último informe del gobernador Rafael Moreno Valle) una deuda de 8 mil 609 millones de pesos al 31 de diciembre de 2015, mientras que el total de pasivos en realidad es de 24 mil 655 millones de pesos”, subrayó el CEEY.

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Mientras tanto, alertó que estas operaciones radicada sen fideicomisos privados no se pueden auditar o investigar, por lo que son lo más cercano a una “caja negra” que escapa de todo análisis público, subrayando el caso del F/0144 correspondiente al estado de Puebla, siendo el fiduciario Evercore “aunque no se menciona en su página web”, remarcó el organismo.

Por tanto, relata en el documento que sin importar que se aluda que es de índole privado se alimenta de recursos estatales, como los impuestos a la nómina. Inclusive, información proveniente de la administración poblana apuntaron a que los pasivos a pagarse en los siguientes 25 años serían 22 mil 554 millones de pesos.

Cabe subrayar –ponderó el CEEY- que “estos pasivos no están considerados en la Cuenta Pública del Estado” al no cuadrar los números oficiales, pues hasta diciembre de 2016 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantenía reportados pasivos totales en Puebla por 24 mil 655 millones de pesos, “que incluyen la deuda registrada en la Secretaría de Hacienda”.

De no estar considerados los pasivos del fideicomiso F/0144 en ese total, la suma de pasivos reales de Puebla alcanzaría los 47 mil 209 millones de pesos”, externó el Centro de Estudios.

Llamado a la SCJN

Finalmente, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias convocó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga los amparos que bajo el argumento de legislación inconstitucional para que el fideicomiso F/0144 sea declarado nulo.

También, inicien los procedimientos legales consecuentes, pues de lo contrario la solución del problema se agrava con el paso del tiempo, poniendo en tela de juicio que “agencias calificadoras” no consideren fideicomisos como éste al momento de levantar y difundir estudios “de riesgo a nivel estatal”.

En suma, la problemática de la deuda estatal no sólo está lejos de resolverse, sino que esconde muchos problemas de legitimidad, opacidad, corrupción y, quizás, de financiamiento ilegal de campañas electorales. Se trata de un problema nacional. Si el Sistema Nacional Anticorrupción se implementa como se debe, impondrá barreras a la proliferación de la corrupción”, remató.

Deuda real por 76 mil 500 mdp

Para el doctor en Finanzas, Eudoxio Morales Flores, la deuda real que heredará el gobernador, Rafael Moreno Valle, al dejar su mandato será de 76 mil 500 millones de pesos, al sumar lo registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 3 PPS –el Museo Internacional del Barroco (MIB), la plataforma Audi y el Centro Integral de Servicios-, y los intereses de estos Proyectos de Prestación de Servicios. 

Al explicar, el pasado 29 de noviembre, en San Lázaro, el aumento desmedido de la deuda en Puebla, Morales Flores citó el ejemplo de la plataforma en San José Chiapa.

Para la edificación de la plataforma Audi se contrató un PPS por 5 mil 079 millones de pesos a 14 años con una tasa de 13.56 por ciento “que, por cierto, es alta porque actualmente la tasa referencial de Cetes está a 5.25”. Al sumar los intereses más el capital se tiene que por ella, los poblanos pagarán más de 31 mil millones de pesos, es decir casi 6 veces el crédito contratado originalmente.