Los recursos que han generado los pagos de pasajes de la línea dos y uno de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), se mantienen en total opacidad.

Y es que Carreteras de Cuota Puebla (CCP), alegó que el retiro de la concesión para el cobro de la línea dos, se debió a un mal manejo de la empresa privada a cargo. Sin embargo, el organismo ha mantenido en la obscuridad los recursos generados, a pesar de que son públicos,  pues ambas líneas son administradas por el gobierno estatal, aunque se había hecho la promesa de que serían concesionarios los que lo harían.

Incluso los exconcesionarios que conformaron Servicios Articulados de Puebla (SAPI), mantienen una demanda por un adeudo de más de 14 millones de pesos contra el gobierno de Puebla.

Ahora a tres años de operaciones, debido al incumplimiento de los gastos de operación, las dos líneas de la RUTA tienen millonarias deudas, juicios en su contra y apenas el 40 por ciento de su parque vehicular circulando. Así lo aseguraron integrantes del SAPI, quienes presentaron documentos que acreditan el fracaso.

La noche de este martes, por medio de un comunicado, CCP detalló que por causa de utilidad pública e interés general, emitió la declaratoria de rescate de la concesión de RUTA otorgada a la empresa “Bus Rapid Transit de Puebla”, S.A.P.I, de C.V., que era la encargada del área de cobro.

Se indicó que la acción fue resultado de una investigación mediante la cual se detectaron inconsistencias en el sistema de recaudo, afectando a los ingresos del sistema en perjuicio de la ciudadanía y del servicio.

Fracaso tras fracaso

En septiembre del año pasado, el gobierno de Puebla anunció que la Línea uno, sería concesionada con el fin de mejorar la calidad de sus servicios. Así lo pronunció el Secretario de Infraestructura y Transporte (SIT) del gobierno estatal, Diego Corona Cremean.

Al menos 150 exconcesionarios de SAPI, advirtieron que la entrega a la iniciativa privada tal y como la planea la administración morenovallista no podrá consumarse, porque hay un amparo que lo impide.

Y es que en 2014 les retiraron la concesión al SAPI sin previo aviso y ante el aval de diputados locales.

Desde entonces la línea está a cargo de CCP, después de que en junio de 2014 el Congreso local “rescató” la concesión entregada al grupo de transportistas, al señalar que incurrió en deudas y provocó una deficiente operación del derrotero.

En consecuencia, los concesionarios de SAPI tienen un litigio para que sean nuevamente reconocidos como los titulares de la línea, proceso que hasta hoy continúa.

Corona Cremean sostuvo que la Línea 1 no arrastra deudas, aunque los exconcesionarios afirman que les deben más de 22 millones de pesos por los ingresos que dejaron de percibir como accionistas del derrotero.

Los integrantes del SAPI, apenas en septiembre de 2016, aseguraron que el gobierno incumplió con las reglas de operación y, a pesar de ello, fueron obligados habilitar la Línea 1 que corre de Tlaxcalancingo a Chachapa.

Informó Juan Cervantes que existe una deuda superior a los 40 millones de pesos a los 192 socios concesionarios, que operan 119 vehículos, de los cuales 40 por ciento está en reparación por falta de recursos.

Por lo tanto, acusaron directamente al exsecretario de Transporte, Bernardo Huerta Couttolenc, y al subsecretario, Carlos Manuel Zurita, de la crisis que enfrentan, no sólo ellos sino la misma RUTA.

Cervantes Hernandez, aseguró que  la primera troncal no está en venta, porque la concesión de la operatividad obtenida no puede ser reasignada como marca la Ley.

Reveló que algunos vehículos de la primera troncal son utilizados para completar la línea 2 de la RUTA desde hace varios meses, ante la falta de unidades, la mayoría de ellas en mal estado.

Roberto Camilo Vázquez, informó que la finalidad era movilizar a 121 mil pasajeros al día, lo cual recaudaría un monto de 279 millones de pesos de ingresos anuales.

"La operatividad fue un fracaso, se demuestra que no son los transportistas los incompetentes, sino las autoridades que incumplieron con las reglas de operación y ahora proponen solucionar el problema con la privatización del metrobús”.

A dichos recursos se le restarían los gastos de operación de la línea 1, por lo que quedaría un remanente de 33 millones que serían repartidos entre los concesionarios. Pero no se les cumplió y acusó que al no alcanzar la meta, desde hace dos años no les han pagado un solo peso, por lo que han interpuesto las denuncias correspondientes.

Asimismo relató que la línea uno del metrobús no estaba listo para iniciar operaciones, pero por quedar bien “arrancó sin tener la estructura de operación completamente instalada, y eso lo llevó al fracaso”.

De este modo presentó documentación de los oficios entregados a la Secretaría de Transporte que no contaban con todas los requisitos para habilitar la primera troncal.

Detalló que el anterior Consejo de Administración de manera irresponsable le dio miedo hacer la aclaración y defender a la empresa.

Y es que aseguró que el gobierno incumplió dos de los cinco requisitos indispensables para echar a andar la Línea 1 del metrobús, como es el sistema de cobro electrónico y las estrictas reglas de operación.

Como ejemplo de buen funcionamiento de los transportes masivos en el mundo citó el Mexibus, en Estado de México, Macrobus, Optibus, Tuzobus, y Transmilenio en Colombia.

Pasaje oculto

Justo hace un año, el 28 de enero de 2016, la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), avaló que la línea 1 y 2 de la RUTA, ocultara las ganancias de pasajes.

Por lo tanto, CCP no dará la información hasta el 2021, gracias a un acuerdo de reserva CCP-002/2014, firmado el 11 de junio de 2014, ahora confirmado por la CAIP.

En sesión de pleno, el ahora extinto organismo garante de la transparencia, aprobó los candados a la información del nuevo sistema de transporte público en Puebla.

De este modo no se saben las ganancias que han obtenido la línea uno de la RUTA, y ni siquiera el nombre de la empresa que opera la línea dos.

Los argumentos para la opacidad que aprobaron por unanimidad los tres comisionados en el pleno, fue que la línea dos de RUTA tiene recursos de amparo en contra aún no concluidos y que no se ha concluido el rescate de la línea uno.

Por lo tanto, avalaron el argumento de CCP, que de dar a conocer la información, se podría perjudicar los procesos.

De este modo, fueron rechazados dos recursos de revisión, interpuestos por separado.

El primer recurso desechado 200/CCP-07/2015, se solicitó el desglose por mes los recursos obtenidos del pasaje del troncal de la línea uno de la RUTA Y pago a personal mensual y gastos de mantenimiento de unidades.

El sujeto obligado, manifestó que la información era reservada mediante el acuerdo, el cual fue revisado por la comisionada Gabriela Sierra, finalmente dándole su aprobación.

La dependencia argumentó que debido a que esta intervención no ha concluido y se está perfeccionando, no es posible dar la información solicitada.

“Se podrían afectar las acciones que hasta el momento se han realizado,  comprometiendo las estrategias que se han implementado”, fue el argumento.

La comisionada Gabriela Sierra, señaló que fueron infundados los agravios en el recurso de revisión.

También fue desechado el recurso de revisión 209/CCP-08/2015, en el que solicitó la reportera Shanik David, el nombre de la empresa que tiene la concesión para la operación de la línea dos de la RUTA que corre toda la 11 Norte Sur.

La ponencia fue del presidente de CAIP, Javier Fregoso, avaló la respuesta de CCP, mediante el acuerdo de reserva, en tanto se resuelvan las sentencias de juicios de amparo.

“La divulgación podría afectar las resoluciones de dichos procedimientos”, fue el argumento oficial.