El seis de enero pasado se emitió una iniciativa para quitarles a los municipios la facultad de administrar el servicio de agua, reveló el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres.

Por lo tanto, el edil hizo un llamado a los 217 presidentes municipales para no aprobar esta iniciativa, ya que se vislumbra que se quiera privatizar el agua en todo el Estado de Puebla.

En entrevista a las afueras del edificio de la Auditoria Superior del Estado, el edil cholulteca explicó que se necesita el 50% más uno para que camine dicha reforma.

Asimismo, mencionó que independientemente de que los alcaldes de Puebla acepten o no, su Ayuntamiento interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y es que explicó que no solo la Constitución de Puebla da está facultad a los ayuntamientos de dar el servicio de agua, sino también lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Hoy hemos recibido por parte del Congreso del Estado la reforma constitucional que el 6 de enero aprobaron de manera sigilosa y de forma oscura sin informar a la población”, comentó.

“Lamentablemente pretenden quitarle las facultades a los 217 municipios y a sus sistemas operadores de agua en el caso de los que existen, para la administración y dotación del servicio de agua potable”, comentó.

“Sería muy riesgoso y es lamentable que lo hayan hecho, insisto en esos días, de regalo de reyes a los poblanos, es esta reforma constitucional como la que se hizo hace algunos días en Baja California”, advirtió.

Recordó que en aquella entidad con el gobernador Francisco Vega de la Madrid o Kiko Vega, les quitaron las facultades a los gobiernos municipales como ahora se pretenden en Puebla.

“Es el primero paso, lo advierto, de una privatización del servicio de agua potable en todo  el Estado de Puebla, no les fue suficiente la capital del estado y esta reforma es la antesala para que el Estado absorba el control de  todos los sistemas operadores o comités de agua”, señaló.

“Deben tener la aprobación de la mitad más uno de los municipios, yo voy a hacer un llamado a los regidores de San Pedro Cholula para pronunciarnos en contra”, adelantó.

“Hacemos un llamado a tiempo a los 217 alcaldes, para que sus cabildos se pronuncien en contra de esta reforma constitucional que, a todas luces, es inconstitucional, violatoria de la propia Constitución federal”, añadió.

“Se señala de manera muy clara que los ayuntamientos somos los únicos entes de gobierno encargados de la administración, operación y control del servicio de agua potable”, insistió.

“Es el primer paso, repito y lo sigo con tiempo, para una privatización general en todo el territorio de Puebla  de el agua”.

-¿Podía promover un acto de inconstitucionalidad?

-Nosotros lo vamos a hacer, si se suman o no otros alcaldes, otros cabildos a votar en contra y no permitir esta reforma constitucional al artículo 12 de la Constitución local, nosotros vamos a promover esa acción de inconstitucionalidad”.

“A todas luces es contradictorio de lo que dicta la Constitución federal”, subrayó.

Dijo Espinosa Torres, finalmente, que a diferencia de Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la junta de gobierno del Congreso estatal, él tiene seis años de experiencia legislativa.

“Es una trampa más que precisamente desde el Congreso del Estado se está orquestando, hoy vemos como hay cinco municipios como San José Chiapa, Soltepec y Lara Grajales, que sus presidentes fueron engañados y que intentan quitarles todas las facultades constitucionales”, dijo en referencia a la Ciudad Modelo Audi.

“Si un presidente no tiene el aval del cabildo, no basta la firma del síndico para entregar en un convenio, los servicios públicos que marca el 115 Constitucional, creo que quien se tiene que documentar mejor y hablar con la verdad, es el licenciado Jorge Aguilar Chedraui”, finalizó.

En la reforma se establece: “El estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.

De este modo se sientan las bases para que el gobierno del estado tome el control del servicio de agua potable en los ayuntamientos, sin que esta decisión tenga que pasar por los Cabildos.