La delegada de la Secretaría de Gobernación, Ana Isabel Allende Cano, señaló que el extinto gobierno morenovallista tiene que comprobar, ante la Secretaría de Hacienda, la forma en que se aplicaron los recursos federales que estuvieron en sus manos, sobre todo por el gran adeudo que se dejó.
En entrevista, luego de una reunión de delegados federales, indicó que la seguridad y la pobreza son los temas en Puebla que más preocupan a la federación, heredados por el gobierno de Rafael Moreno valle Rosas, reconoció.
“Esperemos que no sea de esa manera, los mecanismos para la fiscalización de los recursos federales son muy claros y este tipo de situaciones, si así hubiese sido va a ser muy evidente”, dijo a pregunta expresa si habrá la vigilancia de cómo se movieron las partidas.
“Ellos tienen un tiempo para demostrar su ejercicio y esperemos que así lo hagan, lo más llamativo de la deuda es que no solo esté reconocida en Hacienda, que es muy clara, sino también cuánto le pueden costar a los poblanos el tema de los PPS (Proyecto de Prestación de Servicios)”.
Dijo que el propio gobernador Tony Gali ha dicho que va a ser muy cuidadoso de esos recursos que tendrá que empezar a pagar por los compromisos con el fin de no dejar una deuda para los años subsecuentes.
“Nosotros tenemos la preocupación, no podemos negar que hay algunos problemas sociales que han generado inseguridad en el estado y que no se van a resolver si no asumen la responsabilidad los tres niveles de gobierno”, dijo.
Señaló que esta responsabilidad debe de asumirse desde los presidentes municipales, hasta el gobierno estatal, mientras que el federal lo ha hecho puntualmente.
“Por eso se ha venido incrementando y reforzando la estrategia en Puebla, pero en los temas sociales, Puebla sigue siendo uno de los estados más pobres del país”, refirió.
Dijo que de parte del gobierno federal, se tiene la disposición de atender por medio de las distintas delegaciones, como Sedesol a cargo de Juan Manuel Vega Rayet, que tiene un programa muy agresivo en el combate contra el hambre.
“Ha demostrado tener resultados a nivel nacional desde que se empezó a implementar. A través de la Sedatu que tiene un programa agresivo de vivienda y que para Puebla ha tenido un interés de que se concrete de mejor forma”, dijo.
Por lo tanto, aseguró que si se ejecutan acciones de manera coordinada, se pueden aplicar más recursos en programas específicos para beneficio de la ciudadanía en Puebla.
Y es que los compromisos a pagar, tan solo en este año 2017 por deuda generada en la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, asciende a mil 194 millones de pesos heredados al gobierno de Tony Gali.
De este modo, el gobierno de Puebla tiene “obligaciones y financiamiento”, por 23 mil 097 millones de pesos que debe cubrir en plazos de hasta 25 años.
Tan solo de la plataforma Audi, se pagarán en 2017 más de 750 millones de pesos, para el CIS 184 millones 51 mil pesos y se destinarán 342 millones 18 mil pesos para el MIB.
La reunión
Informó que la reunión de la mayoría de los delegados federales se debió a la visita de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Integral de Protección de los Niños, Niñas y adolescentes.
Ana Isabel Allende informó sobre la visita de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Integral de Protección de los Niños, Niñas y adolescentes. pic.twitter.com/z5pcI1kSwq
— Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) 8 de febrero de 2017
Indicó que la comisión está presidida por el mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la que involucra acciones conjuntas de las secretarías de estado para proteger a los infantes.
“Es un compromiso para poder tomar acciones de política pública hacia la niñez y adolescencia y permitirá ir previendo situaciones a futuro que generen mejores condiciones”, dijo.
Recordó que un día antes de su toma de posesión, el gobernador Antonio Gali Fayad se reunió con los delegados federales de la entidad, con quienes definió una agenda común a favor de Puebla.
En el encuentro, Gali Fayad recalcó la relevancia de fortalecer el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno con el propósito de escuchar a los ciudadanos y resolver sus necesidades.