En un nuevo capítulo de la guerra de declaraciones por la Reforma al artículo 12 de la Constitución local, referente al tema del agua, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui, rechazó que se hayan falsificado las actas de Cabildo de los ayuntamientos y responsabilizó a ocho administraciones municipales de haberse retractado, después de votar a favor de la modificación.

Luego de que el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, asegurara que desde el congreso local se modificaron las actas de cabildo para que se aprobara la reforma constitucional el pasado 6 de enero, en entrevista, el líder del Congreso dijo que el señalamiento es totalmente falso.

Advirtió la acusación es un asunto grave, ya que se trata de una institución que tiene la representación legislativa de nueve fuerzas políticas.

Así reiteró que es una mentira que se hayan alterado las actas de cabildo de los municipios de San Martín Texmelucan, Coronango, San Miguel Xoxtla, Cuautlancingo, Juan C Bonilla, Tepeyahualco de Cuauhtémoc y Libres.

Explicó que para hacer la modificación se recibieron 142 actas apoyando la reforma, sin embargo, los municipios señalados se arrepintieron semanas después y emitieron nuevas actas.

Explicó que en la Junta de Gobierno se determinó que en la sesión del miércoles se presente un punto de acuerdo para desmentir las afirmaciones, además de publicar un desplegado  donde se aclara que no se busca privatizar el agua.

Jorge Aguilar sostuvo que la declaratoria de Reforma Constitucional se llevó a cabo conforme lo prevé el artículo 140 de la Constitución Local, es decir, con el cómputo respectivo por el cual se aprobó por mayoría de los ayuntamientos del estado, en el caso concreto, 142 de 217.

Reiteró que fueron tres ayuntamientos los que, pese a haber aprobado la reforma, posteriormente enviaron una segunda acta para revocar su decisión: Coronango, Juan C. Bonilla y San Miguel Xoxtla. Cabe señalar que en los tres casos, las segundas actas fueron entregadas posteriormente a la declaratoria de Reforma Constitucional, misma que se registró el 27 de enero del presente año.

Precisó que en el caso del Ayuntamiento de Tlaltenango, remitió su acta de cabildo en contra de la reforma correspondiente, de forma posterior a la declaratoria de reforma Constitucional.

Fue la secretaría general del Congreso por ser la instancia aludida, la que aclaró que “el artículo 141 de la Constitución Estatal señala que en el caso de los ayuntamientos de los municipios que no contesten, se entenderá que aprueban las reformas (afirmativa ficta), sin embargo, esta facultad no se ejerció al haber contestado 142 ayuntamientos de forma positiva”.

Insistió que las actas de cabildos son legítimas y cumplen con lo que estipula la Constitución Estatal.

Jorge Aguilar Chedraui recordó que desde el mes de enero se rechazó que la reforma legal tenga intención de privatizar el servicio, la cual fue promovida por el Congreso local, derivada y alineada con el Plan por Puebla y los 22 compromisos realizados por el gobernador Antonio Gali.

“La reforma aprobada al artículo 12 de la Constitución del Estado, garantiza y establece el derecho al agua para las familias poblanas, para consumo personal y doméstico, como lo establece el artículo 4º de la Constitución Federal”.