Los ayuntamientos de Izúcar de Matamoros, Chiautla de Tapia y Acatlán de Osorio, presentaron una controversia contra lo que denominan privatización del agua ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los ciudadanos inconformes, acudieron a las oficinas de la Corte en la ciudad de México, para presentar por separado el recurso legal, para derogar la reforma al Artículo 12 Constitucional por la privatización del agua en el estado de Puebla.

En entrevista, Gilberto Maldonado Maldonado informó que en el municipio de Chiautla, 40 campesinos impulsaron la presentación de la controversia.

Los campesinos lograron convencer al edil, aunque fueron llamados por la Secretaría General de Gobierno (SGG), como una medida de presión e intimidación, dijo.

 

“La mayoría de los alcaldes saben que se está privatizando el agua, pero tienen preocupación porque existan represalias del Congreso y el gobierno estatal para frenar la aprobación de sus cuentas públicas”, refirió Maldonado.

 

En tanto, mencionó que se hizo el proceso con el apoyo del síndico del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, ya que este lunes 13 de marzo vence el plazo para interponer el recurso.

 

 “El gobierno municipal asumió a una posición intransigente, de ‘cerrazón’, y fue obligada a firmar la controversia constitucional el pasado”, relató.

 

A pesar de que se estamparon las firmas, denunció que a los pobladores se les negó obtener una copia del documento de la controversia constitucional.

Fue el pasado viernes 10 de marzo, cuando en medio de presión social, el Cabildo del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros admitió presentar una controversia constitucional contra la reforma del Artículo 12.

“Hasta el momento, lo que hemos ganado es el empuje ciudadano y el peso de la argumentación que permite llegar a este punto para que este viernes el Ayuntamiento presente la controversia”, refirió.

 

Con estos tres ayuntamientos ya son nueve los que han presentado controversia Constitucional ante la SCJN, encabezados por el de San Pedro Cholula.

Este fin de semana, el ayuntamiento de San Pedro Cholula negó que la Corte haya desechado el recurso constitucional contra la reforma a la ley del agua.

Además, informó que la Corte les notificó que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena será el ponente del caso., quien supuestamente rechazó la petición de suspensión que solicitó el edil de Cholula, José Juan Espinosa Torres, para que el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula o el mismo municipio continúe prestando esos servicios y las autoridades estatales se abstengan de aplicar la reforma. La razón fue que no había un acto en concreto que proteger.

La fracción VI del artículo 12 de la Constitución Política de Puebla establece como un derecho el acceso al agua para los habitantes de la entidad poblana

Ya son 13 ayuntamientos los que se sumaron al frente opositor, nueve de ellos en la SCJN.

Entre los ayuntamientos inconformes están San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla y Coronango, Tehuacán, San Martín Texmelucan, San Gabriel Chilac, Tlatlauquitepec, San Miguel Xoxtla, Tlaltenango, Zoquitlán y Quecholac.

Maurilio Galiote Mixcóatl, integrante del organismo Pueblos Unidos Contra la Privatización del Agua (PUCPA), refirió que se llevará el procedimiento, estudio y análisis.

Recordó que ya que llevaron al Congreso Estatal los documentos de los municipios de Puebla, que están en contra de la reforma a la Ley del Agua, ya que, afirma Galiote Mixcóatl, les quitan facultades a los municipios para administrar el líquido.

Por lo tanto, manifestó que el PUCPA considera que las controversias van a tener una resolución favorable, sin embargo, de no ser así, como movimiento social ya se encuentran discutiendo una serie de acciones para seguir la resistencia civil.

El 27 de enero pasado, fue publicada, en el periódico oficial del Estado, la reforma del artículo 12 en su fracción VI.

 

“Advertimos que no vamos a permitir tan pretensión de imponernos que la distribución sea manejada por el Estado, pasando por alto las costumbres, tradiciones y cultura que rigen nuestras comunidades, puesto que nuestras raíces son indígenas”, exigen los ayuntamientos.