El pleno del Congreso del Estado aprobó 115 cuentas públicas y determinó la no responsabilidad de 56 sujetos de revisión, además de revocar las sanciones aplicadas a tres expresidentes municipales por cuentas públicas de 2005 a 2008.

En la última sesión del primer período ordinario de sesiones, en la que los diputados Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Salvador Escobedo Zoletto, Ignacio Mier Bañuelos, así  Julián Peña Hidalgo solicitaron licencia para separarse del cargo, el primero por un tiempo mayor a 30 días, y los demás menor a un mes, el pleno dictaminó votó a favor los más de 200 dictámenes que entregó la Comisión Inspectora.

Por amplia mayoría fueron aprobadas 115 cuentas públicas, que van de los ejercicios fiscales 2011 hasta el 2016, además avalaron 11 Inicios de Procedimientos Administrativo de Determinación de Responsabilidades Administrativas.

Entre los presidentes municipales a quienes se les inició el procedimiento están los de Ahuacatlán, Mixtla, San Jerónimo Tecuanipan, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tulcingo entre otros.

En el pleno se votaron en fast track 79 expedientes entre inhabilitaciones, seguimientos de trámites legales, por daño patrimonial a las finanzas públicas tanto de municipios como de organismos operadores de agua, así como instituciones educativas.

De estos expedientes se determinó que en 56 casos los sujetos obligados a quienes se les habían iniciado los procedimientos, no eran administrativamente responsables, por lo que los procesos quedaron sin efecto.

Ratifican sanciones

El Congreso ratificó sanciones en contra de 23 sujetos que van desde penalización económica hasta la inhabilitación por 12 años.

En Altepexi se aprobó una inhabilitación por 12 años para Alberto Hernández, pues entre daño patrimonial y sanción económica aplicada suman 4 millones 646 mil 810.87 pesos, que corresponden al ejercicio 2010;  el mismo sujeto también reprobó la cuenta pública de 2011 sumando la cantidad de dos millones 476 mil 771.91 pesos.

Para el caso de Atzizihuacan, durante el ejercicio fiscal 2012 a cargo de Santiago Marín, se le requiere un monto de 2 millones 200 mil 615 pesos, entre sanción y daño patrimonial, para el caso de Calpan, en el ejercicio fiscal 2009 se le requieren 72 millones 719 mil 745.83, pesos, cuya administración estuvo a cargo de Eliseo Galván Jiménez.

En entrevista, el diputado integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior del Estado (ASE), Rosalio Zanatta Vidaurri, dijo que en total dieron trámite a 225 cuentas públicas correspondientes a los años 2013 a 2016.

Comentó que los diputados locales aprobaron la admisión de 17 recursos de revocación y la resolución de 3 recursos de revocación de sanciones.

Zanatta Vidaurri afirmó que los IPADR aprobados estuvieron sustentados en la detección de irregularidades y apegados a la legalidad por lo que descartó que haya existido un sesgo político

Designan nuevos magistrados

En la sesión, los diputados nombraron a otros dos Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y dieron su aval a tres iniciativas del gobernador, José Antonio Gali Fayad.

Luz María Aguirre Barbosa y Rubén José Huerta Yedra fueron la dupla presentada por el mandatario estatal, Antonio Gali, y recibieron el respaldo de la mayoría de los diputados locales presentes en el Pleno del Congreso de Puebla.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Carlos Martínez Amador, dijo que estos nombramientos se dieron con base en la reforma constitucional aprobada con la que se amplió de tres a cinco magistrados.

Hay que señalar que Aguirre Barbosa fue secretaria particular de José Antonio Gali Fayad en su paso como presidente municipal de Puebla y también titular de la Secretaría de la Contraloría.

Mientras que Huerta Yedra fue presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y subsecretario de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade).

Estos dos nuevos magistrados se sumaron a María de Lourdes Dib Álvarez, Alfonso Siriako Guillén Almaguer y David Paz Moreno.

Aprobadas iniciativas del gobernador

El Congreso aprobó las iniciativas enviadas por el gobernador Antonio Gali Fayad, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución en materia de Derechos Humanos y Sistema Penitenciario en el que se  incluirán tratados Internacionales con el objetivo de garantizar y se respeten los derechos humanos y alimentarios y salud de los reos que están en los diferentes penales de la entidad.

La reforma constitucional forma parte de una armonización federal de la Ley Nacional de Ejecución Penal luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sugirió a las entidades federativas mejorar las condiciones de vida al interior de los penales,  la cual entró en vigor desde el pasado 16  de junio de 2016.

En la iniciativa detalla que el Sistema Penitenciario de la entidad poblana, debe considerar respeto a los derechos humanos, al trabajo, capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para ellos prevé la ley. Las mujeres deberán tener  lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

De igual forma en la iniciativa estipula que las entidades y las dependencias de Administración Pública Estatal podrán celebrar convenios de colaboración con el sector privado a fin de que permitan desarrollar y ejecutar las actividades que coadyuven con el proceso de reinserción social de las personas privadas de su libertad.

Otra iniciativa consiste en reformas reforma a la Ley del Transporte Público del Estado, a través de la cual el jefe del Ejecutivo pretende regular los permisos y/o concesiones del mismo ya que la Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transportes (SIMT) detectó que más de dos mil concesiones y permisionarios no han actualizado su documentación, en la iniciativa planeta que quienes incumplan con los requisitos que requiere la dependencia se podría retirar el permiso o concesión.