El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos Martínez Amador anunció que se liberará el informe de la cuenta pública del gobernador correspondiente al año 2017 presentado por la auditoría, y además se aprobará la creación del Centro de Mediación Laboral.

Entrevistado al concluir la sesión de la Junta de Gobierno, el legislador señaló que de acuerdo a la reforma federal es facultad de la Auditoría Superior del Estado el revisar y dictaminar las cuentas públicas de los poderes, y será en la sesión de este viernes cuando se de cuenta al poder legislativo.

Precisó que los diputados solo reciben el informe sin que tengan la facultad de votar el documento.

Martínez Amador explicó que desde el año 2016 con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción los congresos dejaron de tener la facultad de dictaminar las cuentas, solo proceden cuando existen irregularidades para determinar si corresponde aplicar o no una sanción.

El legislador expuso que posteriormente la auditoría deberá hacer una revisión de los 11 meses que gobernará Antonio Gali este año.
 
Pasa el Centro de Conciliación Laboral

A casi siete meses de que ingresó la iniciativa del gobernador para crear el Centro de Mediación Laboral, los integrantes de la Junta de Gobierno incluyeron el punto en el orden del día de la penúltima sesión ordinaria para que sea votado en el pleno.

La iniciativa para crear el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, enviada por el gobernador del estado Antonio Gali Fayad se encontraba congelada a pesar de documento fue enviado el 15 de diciembre de 2017 y turnado a comisiones el 4 de enero de este año.

La iniciativa es para dar cumplimiento al proceso de armonización con la legislación federal y que debía cumplirse el 25 de febrero, y Puebla es uno de los estados que incumplió con el plazo de un año que se dio a las entidades federativas para modernizar el sistema laboral.

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla sustituye la figura de las juntas de conciliación y arbitraje, documento que se encuentra en el listado de iniciativas en trámite de la página del poder legislativo.

En la reforma se establece que el gobernador del estado será el presidente honorario de la junta de gobierno, donde participarán los titulares de la Secretaría General de Gobierno; Secretaría de Finanzas y Administración, y el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla.

En el artículo 18 del documento se establece que el Director General será propuesto por el Gobernador del Estado, y nombrado por la Junta de Gobierno, quien deberá reunir, además de los requisitos establecidos en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, debiendo contar con título y cédula profesional de licenciatura en derecho; Contar con experiencia profesional acreditable en materia de derecho laboral de cinco años.
 
Reforman la Ley del Notariado

Carlos Martínez Amador informó que el pleno votará también la iniciativa del gobernador para reformar el artículo 177 de la Ley del Notariado para designar un interventor cuando haya irregularidades en la operación de una notaría.

De acuerdo al documento se señala que en los casos en que existan quejas reiteradas contra un Notario por hechos que pudieran constituir alguna de las faltas establecidas en el artículo 175 de esta Ley, o cuando de la práctica de visitas resulten varios hechos que pudieran constituir tales faltas, el Secretario General de Gobierno podrá ordenar por escrito la intervención de la Notaría, designando a un interventor que asuma el control administrativo.

La reforma establece que el interventor deberá ser un abogado o licenciado en derecho con patente de aspirante al Ejercicio del Notariado, expedida y registrada en términos de esta Ley, el cual percibirá del Notario intervenido la remuneración que establezca el arancel previsto por esta Ley;

La intervención de la Notaría cesará mediante acuerdo que emita el Secretario General de Gobierno, una vez que se hayan regularizado todos los instrumentos y trámites a que se refiere la fracción VIII del presente artículo.