En fast track el pleno del Congreso del Estado aprobó 298 dictámenes de cuentas públicas entre ellos el correspondiente a Eduardo Rivera Pérez del año 2013 por la que había sido inhabilitado en 2017 por 12 años.

Durante la última sesión ordinaria del segundo período, en menos de una hora los 41 diputados votaron la aprobación de cuentas, inhabilitaciones y suspensión de sanciones en contra de sujetos obligados.

Dentro del primer paquete que se presentó correspondiente a 59 cuentas estando en el punto 26 el correspondiente a la cuenta pública de Eduardo Rivera, que ya había sido votada el 7 de abril de 2017 y determinado que el ex presidente municipal era responsable de daño patrimonial.

Rivera Pérez había sido inhabilitado por 12 años para ocupar un cargo en la administración pública y recibido una multa de 25.5 millones de pesos por un presunto daño patrimonial por 12 millones708 mil pesos.

El presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Germán Jiménez García, señaló que el ex edil presentó toda la documentación con la que solventó las observaciones hechas a su último año de gobierno.

Comentó  que el retraso en la aprobación de esta cuenta pública fue el resultado del proceso legal que emprendió Rivera Pérez en contra de los actos del Congreso de Puebla y cuyo amparo sigue en trámite.

Siempre lo dije, el señor había judicializado el tema, cuando tenía que acercar las pruebas para su cuenta, arrimó los documentos, arrimó las comprobaciones, y es el resultado de que la cuenta ya sale en positivo".

Cuestionado si esta aprobación se derivó de una negociación política, rechazó categóricamente esta situación y argumentó que en la Comisión Inspectora siempre se ha trabajado con estricto apego a la ley y bajo criterios técnicos.

La cuenta fue aprobada con los votos en contra de Socorro Quezada, y Julián Peña, al señalar que no se dio la transparencia en el procedimiento y era una cuestión política.
 
No hubo más documentación

Fuentes consultadas advirtieron que Eduardo Rivera Pérez nunca entregó más documentación a la Auditoría Superior del Estado como lo aseguraron los legisladores, y presumieron que personal del órgano fiscalizador la tenía oculta por motivos políticos.