A unos días de que el Congreso del Estado reforme la Ley de Seguridad Pública para eliminar los escoltas asignados a los exgobernadores, solo Rafael Moreno Valle Rosas es cuenta con la protección de 24 escoltas divididos en tres turnos, mismos que son pagados por el erario y cuyo costo se estima en tres millones de pesos.

Luego de que la diputada Leonor Vargas Gallegos presentó la iniciativa para reformar la iniciativa aprobada en julio de 2012 para otorgar hasta por 12 años seguridad privada a los exgobernadores, para proteger al hoy senador por el Partido Acción Nacional se destinan aproximadamente 240 mil pesos mensuales.

La ley de seguridad pública reformada adiciona el Título Décimo para comprender los artículos 136 al 143 por decreto publicado en el  Periódico Oficial del Estado de fecha 14 de septiembre de 2012.

Dicho título se crea para dar otorgamiento de servicio de seguridad personal para exgobernadores del estado, estableciendo que será a partir del primer día que se deje el cargo, contara con: La única reserva para este equipo de seguridad y los recursos de los que dispondrán los exgobernadores es que los recursos humanos y materiales asignados al servicio de seguridad personal se podrán emplear única y exclusivamente para la prestación del mismo.

El artículo 137 de la citada ley contempla que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública implementar las medidas conducentes para garantizar la seguridad personal de quien haya desempeñado el cargo de gobernador del estado. Mientras, el 138 dice que el servicio de seguridad personal se proporcionará al exgobernador a partir de la fecha en que deje el cargo y será por el tiempo que lo solicite por escrito.

Sobre el número de elementos se indica en el artículo 139 que el servicio de seguridad personal se proporcionará a través de una escolta que será de ocho elementos por turno, los cuales podrán ser revisados y disminuidos a seis una vez que haya transcurrido un plazo equivalente al doble del periodo por el que se ejerció el cargo.

Asimismo, se establecen las características de los elementos: “Deberán ser servidores públicos con experiencia en la materia y estar  adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública o a la Procuraduría General de Justicia. El exgobernador correspondiente participará en la selección de los elementos que conformarán su escolta. El jefe de escolta será quien tenga mayor rango y en el supuesto de que tengan igual jerarquía, el que tenga mayor antigüedad en la institución”.

La reforma

En la pasada sesión ordinaria del Congreso, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) propuso una reforma a la Ley de Seguridad para eliminar el servicio de protección que gozan los exgobernadores de Puebla.

La diputada local, Leonor Vargas Gallegos, señaló que la asignación de seguridad a los exmandatarios estatales es un abuso avalado por las anteriores legislaturas atendiendo a intereses políticos.

Refirió que esta protección permanente provocó un daño a las finanzas del estado con el uso de recursos públicos para atender las necesidades de seguridad de los exmandatarios sin una causa justificada.

“Esto generó una irrisoria normatividad que de manera clasista y excluyente otorgaba la posibilidad de protección personal permanente aquellos sujetos que hayan ostentado el cargo de gobernador del estado de Puebla sin que ninguna otra clase de persona pudiese acceder a dicho servicio público”.

Subrayó que con la reforma a los artículos 137 al 139 y 143 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla los policías asignados a la protección de los exgobernadores regresarán a sus funciones de vigilancia y protección de los ciudadanos.