Tras el veto realizado por el encargado de despacho del gobierno del estado, Jesús Rodríguez Almeida en el mes de diciembre a la Ley del Periódico Oficial del Estado, que estipulaba un plazo hasta de 10 días a partir de la llegada de los dictámenes para la publicación, además de que se reducen las tarifas para los municipios, el pleno legislativo votará nuevamente el documento antes del 31 de julio.

Fue la diputada Vianey García Romero quien presentó nuevamente el documento ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales luego de que había sido vetado por el ejecutivo luego de que se aprobó el 5 de diciembre del año pasado con  22 votos a favor, 8 en contra y 10 abstenciones se votó la ley.

La propia presidente de la Comisión de Gobernación Vianey García Romero, indicó que es necesaria la ley para regular la publicación del periódico oficial, y dar facilidad a municipios para publicar sus reglamentos.

Recordó que el 31 de diciembre llegaron las observaciones al Decreto por virtud del cual se expide la Ley del Periódico Oficial del Estado de Puebla, por parte del ejecutivo del Estado, para que esta Soberanía proceda en términos de lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución Política del Estado.

Indicó que lo anterior, así como los trabajos realizados por la diputación, en colaboración con las autoridades expertas en la materia, permiten la presentación de una iniciativa amplia y bien hecha, una iniciativa plural y legal que acerca la función del periódico a la modernidad, ampliando su alcance y eficiencia.

Sostuvo que con la aprobación de la presente ley, Puebla sale del rezago legislativo en la materia; se coloca en la dinámica nacional, pero, sobre todo, otorga mayores herramientas de transparencia y certeza legal para los habitantes del Estado.

Precisó que el documento consta de 32 artículos 7 capítulos, se establecen cobros, y se elimina el lucro, además habrá cobro diferenciado para autoridades municipales.

Señaló que se establece el regular el tiempo para publicar, sin quitar facultades al ejecutivo para las observaciones.

En la argumentación se expuso que el actual Periódico Oficial es obsoleto y desfasado, con publicaciones de leyes, decretos y reglamentos aprobados por el Poder Legislativo con una tardanza mayor a un año.

Como parte de las reformas, se informó que también se habilitará la plataforma digital para que de manera regular se publique, difunda y distribuya la información, a través de descargas gratuitas.

Lo anterior, debido a que el ejemplar impreso se paga de acuerdo al número de hojas publicadas.

Además, se busca bajar los altos costos por publicación en dicho periódico, donde la plana tenía un valor de mil 900 pesos.

Insistió en que se pretende avanzar en la materia y otorgar certeza sobre el funcionamiento del Periódico, así como garantizar a la ciudadanía esta condición básica, que haga posible el conocimiento, entendimiento y observancia de la ley.

Reiteró que se busca garantizar la atención oportuna, permanente e inmediata de las solicitudes presentadas directa o indirectamente por los interesados, según el caso; ordenar la estructura y funcionamiento interno de las instancias involucradas y de los propios interesados en publicar o acceder a las publicaciones; además de ajustar los precios a los costos reales de edición, publicación y certificación, sin que aquello represente una medida lucrativa que se traduzca en obstáculos para la publicidad y acceso a la información.