Por unanimidad la Comisión de Grupos Vulnerables de la LX Legislatura aprobó el dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla” donde se establece terminar con la discriminación que enfrenta éste sector.

La presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, María del Carmen Saavedra Fernández, señaló que se aprobaron tres iniciativas de los diputados, Jonathan Collantes Cabañas, Mónica Rodríguez Della Vecchia y Estefanía Rodríguez Sandoval.

Destacó que de acuerdo con estudios en Puebla existen más de 514 mil adultos mayores, que representan el 3.1 por ciento de la población, y uno de cada seis ha sufrido algún tipo de abuso, violencia o discriminación.

En su exposición advirtió que el 11.6 por ciento ha sido víctima de maltrato psicológico, 2.6 por ciento violencia física, 6.8 por ciento abuso financiero, 4.2 por ciento negligencia y 0.9 por ciento abuso sexual.

“Las reformas a la Ley de Protección de las Personas Adultas Mayores tienen como objeto principal velar por los derechos de las personas adultas mayores, salvaguardar su integridad así como reconocer la obligación que tiene su familia de proporcionarles alimentos, fomentar la convivencia familiar y cubrir sus necesidades emocionales, psicoafectivas, protección y apoyo”. 

Saavedra Fernández enfatizó que estas adecuaciones en la ley permitirán ir inhibiendo estos abusos porque ahora las personas que tengan conocimiento de maltrato a una persona adulta mayor estarán obligadas a denunciar ante las autoridades y sus familiares deberán ser responsables de proporcionar alimentos y cubrir sus necesidades básicas

Las reformas propuestas, buscan garantizar los derechos y la implementación de programas, así como políticas sociales para quienes integran los denominados grupos vulnerables, además de evitar la discriminación laboral, familiar, psicológica, financiera y abuso sexual, las cuales a largo plazo dejan secuelas graves en las personas que son víctimas.

Además, tienen por objeto valorar y salvaguardar su integridad física, así como el de reconocer la obligación de la familia y en su caso las instituciones de cubrir sus necesidades de alimentación, vestido y vivienda de las personas adultas mayores.

En la discusión del tema, los legisladores coincidieron en considerar que estas reformas refrendan el compromiso de la LX Legislatura con los sectores más vulnerables y muestran la urgencia de establecer políticas para evitar una inversión de la pirámide poblacional ante la percepción de un acelerado crecimiento de la población de la tercera edad.

La ingratitud

La actual legislatura también aprobó la reforma al artículo 2222 del Código Civil del Estado de Puebla para proteger a los adultos mayores que hayan hecho donaciones a sus descendientes pero se encuentren en situación de abandono, especificando la llamada ingratitud.

Lo anterior luego de que hay una gran cantidad de casos que se denuncian de personas de la tercera edad que fueron echados a la calle por sus hijos, yernos, nueras o nietos, sin que hubiera una acción legal para protegerlo, sin embargo con la modificación ahora se recuperarán los bienes donados para proteger al adulto mayor.

Sin embargo se mantiene en la congeladora la iniciativa tienen que ver con la independencia del Instituto para los Adultos Mayores, a fin de que este no dependa de los programas de Desarrollo Social sino que tenga un presupuesto propio aprobado por el Congreso del estado.

EN esta iniciativa en calidad es mayor, pues atiende a un amplio sector de la población que se encuentra desprotegida. El documento se encuentra en la congeladora sin que se haya dado respuesta a la demanda.