Al menos 15 menores de edad se encuentran viviendo con sus madres en los Centros Penitenciarios de Puebla, de acuerdo con datos que emitió la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal.

En una consulta realizada a la Plataforma de Transparencia, se especifica que las edades de las madres van de los 20 a los 41 años, mientras que los menores son de entre cinco meses de vida y hasta cuatro años de edad.

Según la lista publicada, 10 personas privadas de su libertad mantienen a sus pequeños con ellas en el Cereso de San Miguel. Una madre corresponde al penal de Huauchinango, otro caso se registró en el penal de San Pedro Cholula, en el de Zacapoaxtla, uno más en el Cereso de Ciudad Serdán, y un menor de edad se encuentra con su madre en el penal de Tepeaca.

De acuerdo a lo que marca tanto la Constitución Política de México y en el estado, además de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades estatales y federales deben garantizar la tranquilidad y protección a los menores de edad mientras se encuentren con sus madres en los Centros de Readaptación Social.

La protección contempla desde zonas para su esparcimiento, una buena alimentación y servicios de salud, así como de educación de acuerdo a su edad.

Puebla con menos casos de menores viviendo en penales

Un estudio que realizó la organización denominada “Observatorio de Prisiones”, indicó que Puebla no figura entre las entidades con mayor número de madres con menores de edad viviendo en las cárceles.

En cambio, los penales que tienen más cantidad son los de Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas, por mencionar algunas entidades.

El documento, que además retomó información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), también mencionó que los Centros Penitenciarios de Tlaxcala, Querétaro, Zacatecas, Coahuila, Colima son las entidades con menor número de menores viviendo en cárceles con sus madres.

“En 2016, se establecieron en el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal los derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, entre los que están el derecho a la maternidad y lactancia dentro de prisión, así como los derechos humanos de niñas y niños que viven en reclusión, y sus condiciones de ingreso y egreso”, señaló el observatorio.

También advirtió que “existen diversos obstáculos para la implementación de la Ley en las entidades federativas, lo cual vulnera aún más el de desarrollo y seguridad de niñas y niños”.