“A ver si no nos responden cuando ya acabó la pandemia”, señaló irónicamente el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, al mostrar la solicitud a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que dé su postura sobre la obligatoriedad de la aplicación de la vacuna contra Covid-19.
Al término de la videoconferencia de prensa matutina, el mandatario estatal reveló el documento firmado por el consejero jurídico Ricardo Velázquez, en el que se hace la solicitud al organismo nacional.
El gobierno de Puebla solicitó de este modo oficialmente a la CNDH se pronuncia para saber si es un derecho u obligación la aplicación de las vacunas contra la Covid-19.
Un día antes, el gobernador, Miguel Barbosa, señaló que es un fenómeno que se está presentando a muchos lugares del mundo, donde la gente se niega a vacunarse.
“Que se pronuncie (CNDH) si el aplicar la vacuna a todos, hombres y mujeres de todas las edades, debe ser considerado un derecho o es una obligación”, dijo, ante la resistencia de personas a inocularse.
“¿Es un derecho no aplicarse la vacuna y poner en riesgo a los demás a toda la sociedad?”, cuestionó el mandatario estatal, al indicar que la CNDH debe pronunciare por el tema.
“Establecer restricciones contra los que no se han vacunado, como no permitir su acceso a distintos lugares, viola sus derechos, sus libertades o es posible aplicar las restricciones cuando ponen en riesgo la salud de los demás”, volvió a cuestionar.
Por lo tanto, pidió a su equipo jurídico a hacer la solicitud del pronunciamiento del organismo defensor de derechos humanos del país.
La vigilancia
En enero de este año, la CNDH, afirmó que permanece vigilante para que el Estado mexicano garantice a todas las personas el derecho universal y gratuito a la vacunación contra covid-19
Señaló que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones constitucionales de garantizar, a todo el pueblo, el derecho a la salud, el acceso universal y gratuito, de conformidad con la Política Nacional de Vacunación Contra el Virus SARS-CoV-2.
Afirmó que desde el inicio de la pandemia, ha orientado todos sus esfuerzos en atender las denuncias y quejas de las personas que han visto vulnerados sus derechos humanos, especialmente el de acceso universal a servicios de salud de calidad y en igualdad.
Esto, luego de que la Secretaría de Salud y el Gobierno de la República publicaran, primero el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 24 de marzo de 2020.
Además, recordó el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 31 de marzo del mismo año.
“Sabemos de su compromiso y las acciones emprendidas para mitigar los impactos negativos, especialmente la pérdida de vidas y los efectos económicos; sin embargo, lo económico no debe anteponer la vida de las personas, especialmente de las más vulnerables”, señala el texto.
“Sin descuidar otras labores sustantivas y hechos violatorios de derechos humanos que actualmente acontecen, este Organismo trabaja en diversas quejas presentadas en contra de la Secretaría de Salud, específicamente en contra de las instituciones públicas de salud, como el IMSS o ISSSTE, gestionando con ellas la respuesta más expedita a los requerimientos de las víctimas, trabajando muy de cerca de estas, acompañándolas en sus demandas, siempre procurando velar por su interés superior”.
“Por todo lo anterior, no cesaremos en la búsqueda de reparación de daños a quienes, afectados por la pandemia, también hayan sido víctimas de negligencia médica o de violencia institucional”, concluye el texto.
