El diputado con licencia Gabriel Biestro Medinilla señaló que si Saúl Huerta Corona, así como Mauricio Toledo hubieran sido diputados locales, los procesos penales en su contra se hubieran iniciado en el momento en que se presentaran las denuncias luego que el Congreso del Estado aprobó hace un año la eliminación del fuero constitucional.

Advirtió que la iniciativa para desaparecer la figura del fuero no se limitaba al Presidente de la República, sino que tenía que ser aplicada a legisladores, magistrados, pero el Senado de la República la modificó.

Comentó que en Puebla a pesar del voto en abstención del Partido Acción Nacional (PAN) se aprobó que ni el gobernador, auditor, magistrados, así como los legisladores cuenten con la protección para que en un momento determinado puedan violar la ley.

Lamentó que a nivel federal siga existiendo esa protección, y fueron dos diputados con severos señalamientos en su contra quienes gozaron del fuero, y se ha retrasado la aplicación de la justicia.

Advirtió que en el caso de Mauricio Toledo la siguiente legislatura ya no tendría que iniciar ningún juicio de procedencia en su contra si éste se presentara rendir protesta, ya que sólo hay un fuero, y éste ya le fue retirado.

Señaló que la próxima legislatura debe retomar el tema y darse cuenta que no se puede tener a los legisladores como mexicanos de primera, sino aplicar la ley de manera igual para todos.

Gabriel Biestro Medinilla indicó que en el caso del Senado tiene que rectificar su decisión de haber excluido a los legisladores federales de la eliminación del fuero.

Respeto a la presunción de inocencia

Quien fuera líder del Congreso, aclaró que en Puebla se respeta la presunción de inocencia, ya que mientras se desarrolla el proceso en contra del funcionario señalado, éste puede mantenerse en el cargo, y hasta que se le declara la culpabilidad cuando se le separa.

Anteriormente el Artículo 126 de la constitución local indicaba que para poder procesar a algún funcionario que actualmente goce de fuero, además de que actualmente para poder hacerlo se requiere el instalar el gran jurado.

La reforma aprobada señala: “Cuando la Gobernadora o el Gobernador del Estado, las y los Diputados, la Auditora o Auditor Superior del Estado, las Magistradas o Magistrados, o Consejeras y Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado sean  procesados por algún delito, se mantendrán en el cargo en tanto no se resuelva sobre su culpabilidad por sentencia ejecutoriada que imponga sanción corporal o se dicte, en su caso, prisión preventiva u otra medida cautelar que limite la libertad o imposibilite el ejercicio del mismo, en cuyo caso procederá la separación a partir de que se notifique la resolución correspondiente y hasta la vigencia de esta, sin que para el efecto sea necesaria la emisión de resolución diversa.

En caso de resultar absuelta o absuelto por determinación firme y de subsistir el periodo para el cual la persona fue electa o designada, la o el servidor público reasumirá sus funciones. Mismo caso cuando siendo sancionada o sancionado por delito culposo, no se imponga pena corporal o esta sea conmutada.

Cuando en términos del presente artículo la o el servidor público sea condenado en sentencia firme por delito cometido durante el ejercicio del cargo, no podrá beneficiarse del indulto, amnistía o figura similar; su separación del cargo será definitiva si el delito de que se trate es intencional, sin importar la sanción que se le imponga.

Mientras el artículo  22 en la fracción III, se elimina lo referente a la figura de fuero:

Los derechos y prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

III.- Por estar procesados por delito que merezca sanción corporal, desde la fecha en que aquella se ordene como medida cautelar o en sentencia ejecutoriada, y por el término de su duración, con excepción de lo dispuesto en el artículo 126 de esta Constitución;