Después de cuatro intentos fallidos para sesionar, la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, para llamar a comparecer a funcionarios  cuando no se cumplan con las recomendaciones.

Con un quórum de cinco legisladores, la presidenta de la comisión Vianey García Romero, destacó la iniciativa de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 142 de la Constitución Política del Estado, en materia de cumplimiento de recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla o, en su caso, que respondan por qué no se acatan estas disposiciones ante el Poder Legislativo.

La reforma propone reconocer la obligación de toda persona del servicio público de responder las recomendaciones que emita la Comisión de Derechos Humanos del Estado y, cuando estas no sean aceptadas o cumplidas, estos deberán fundarla razón de su rechazo, facultado al Congreso del Estado para llamar a la autoridad en cuestión a comparecer a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Con ello, se propone fortalecer la figura del ombudsman en su carácter de mediación, para vigilar el respeto a las garantías individuales, así como el respeto de los derechos de las personas en el estado de Puebla, con la cual, se busca armonizar la legislación poblana a las reformas llevadas a cabo en el Congreso de la Unión.

En su intervención, la diputada Mónica Lara Chávez expuso que la reforma propuesta debe considerarse de "hondo calado" para garantizar que las autoridades puedan respetar los derechos humanos de las personas, así como la figura que representa la Comisión de Derechos Humanos en la emisión de sus recomendaciones en contra de personas o instituciones, por la presentación de una queja en su contra ante la comisión de un delito.

Mientras, la diputada Mónica Rodríguez della Vecchia expuso en su participación su rechazo a la propuesta, debido al considerar incongruente la obligación de la Comisión de Derechos Humanos a denunciar, debido a que esto ya está considerado en la Ley y por consecuencia contradice al Código de Procedimientos Penales.

Aprueban reformas a la Ley Orgánica del Congreso

En otro punto del orden del día, las y los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen con minuta de decreto por el cual se reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y el Código de Ética Legislativa del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de conflicto de intereses.

Esta iniciativa fue presentada por el diputado Marcelo García Almaguer, en la cual expone su interés a hacer valer el cabal cumplimiento del Código de Ética del Poder legislativo, con el objeto de sancionar a todos aquellos diputados que intervengan en cualquier asunto en el que haya un conflicto de interés en familiares hasta en tercer grado.

Tras su análisis, discusión y aprobación el proyecto de dictamen, tras ser aprobado, fue turnado por las y los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, al pleno de la LX Legislatura para su aprobación final.

Asimismo, en la sesión se  aprobó por mayoría el proyecto de dictamen con minuta de decreto por el cual, se adicionan las fracciones I bis al artículo 43, II bis al artículo 100 y VIII bis al artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y se reforma la fracción XVII del artículo 177 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, para hacer obligatorio que las y los legisladores asistan a la capacitación sobre Derechos Humanos, Paridad de Género, No Discriminación y la Inducción Legislativa.

El acuerdo es impulsado por la diputada Vianey García Romero, quien en su argumentación expuso que la propuesta tiene como fin el hacer que las y los legisladores tengan por obligación acudir a los cursos de capacitación para evitar violaciones a la Ley, al mismo tiempo propone que sea la Junta de Gobierno y Coordinación Política y la Secretaría General quienes se encarguen que esta disposición se cumpla.

Tras su análisis, discusión y aprobación el proyecto de dictamen tras ser aprobado fue turnado por las y los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, al Pleno de la LX Legislatura para su aprobación final.