La activista Cecilia Monzón Pérez denunció irregularidades en el Juzgado Segundo de lo Familiar, donde se han violentado los derechos de una madre de familia quien desde hace tres años no puede ver a su hija, una vez que las autoridades judiciales presuntamente están actuando a favor de un ciudadano de origen extranjero, y pidió la intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En conferencia de prensa, la abogada presentó a Daniela Flores Mustre, quien desde hace tres años ha estado separada de su hija de 7 años de edad. Autoridades del Poder Judicial y Ministerio Público (MP), presuntamente han actuado en complicidad con su expareja sentimental para quitarle la guarda y custodia de la niña.
La señora dijo ser víctima de la llamada violencia vicaria, la cual se ejerce cuando uno de los padres utiliza a sus hijos para causarle daño a la otra persona, debido a conflictos de pareja.
Cecilia Monzón, representante legal explicó que el exesposo de Daniela, David Harrison, quien es de origen francés, hizo uso de influyentismos para impedirle ver a su hija y la denunció injustamente por abuso sexual, delito que no ha podido ser comprobado porque no se cometió.
“En las periciales la niña dice que no ha sido víctima de ningún delito por parte de su madre, ha sido demostrado que ella no ha tenido ningún daño psicológico, en el dictamen médico. No han podido acreditar el delito porque simple y sencillamente no existe”, comentó Monzón.
Insistió en que a pesar de que no existen elementos firmes para que la niña permanezca bajo la custodia de su padre, quien se encuentra vinculado a proceso por violencia familiar, acusó que agentes del MP y una jueza siguen emitiendo medidas extremas que le impiden ver a su hija.
Precisó que los involucrados en el caso son la jueza María de los Ángeles Muñoz Cortés, del Juzgado Segundo de lo Familiar; así como los agentes Erénderi Nayeli López y Víctor Sánchez Martínez, quienes también han “atorado” el proceso legal para perjudicar a la madre de la menor.
Llamó al presidente del Tribunal Superior de Justicia a analizar el caso una vez que se están violentando los derechos de una mujer.