El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que para el combate a la corrupción se requieren de tres acciones fundamentales: el fortalecimiento institucional, la voluntad en el ejercicio del poder para combatir la corrupción y la aplicación de la ley a quien cometa estos actos, esto durante la presentación de la Política Estatal Anticorrupción.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal dijo que en México esta mejor en el combate a la corrupción, “pero no estamos bien”, pues faltan muchas acciones que hacer por parte de toda la sociedad, no solo del gobierno.

En el acto, criticó que existan personajes que cometieron actos de corrupción, que se denominan perseguidos políticos porque las autoridades actúan legalmente en su contra, también ejemplificó que en su gobierno han estado funcionarios que han cometido actos de corrupción y que se han ido, pues en su administración no permite estas prácticas.

El mandatario sentenció que para combatir la corrupción se requiere de la revisión permanente de los servidores públicos y advirtió que así como ha descubierto malas acciones de quienes ya no pertenecen a su gobierno, las evaluaciones son todos los días.

“Comete corrupción aquel que filtra información a los privados, aquellas personas que filtran información por desleales al gobierno porque no le están saliendo bien las cosas, cometen corrupción los que impactan en la decisión gubernamental para beneficios privados y así puedo extenderme en diferentes formas de corrupción en los tres poderes públicos y en la vida de los órganos institucionales autónomos”, dijo.

El gobernador mencionó que ningún servidor público debe de beneficiarse de los actos y de la obligación de servir, pues “el día que un jefe recibe un beneficio de un subalterno se acabó, ese día ya no tiene autoridad para corregir las malas acciones”, dijo.

¿En qué consiste el PEA Puebla?

Claudette Hanan Zehenny, quien es secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, explicó que la corrupción se caracteriza por cuatro factores: la prevalencia de altos niveles de impunidad, la existencia de espacios de discrecionalidad que propician la arbitrariedad, la distorsión del proceso de interacción entre el gobierno y la sociedad, así como la falta de corresponsabilidad.

Señaló que la Política Estatal Anticorrupción (PEA) se alinea a los ordenamientos legales federal y local, además se realizaron acciones para el diseño de este plan, que contempló entrevistas con ciudadanos y trabajo en equipo con empresarios, académicos, organizaciones civiles, funcionarios y expertos en el tema.

En este orden explicó que el PEA se compone de cinco ejes estratégicos, cinco objetivos generales, doce objetivos específicos y 50 prioridades de política pública con plazos de ocurrencia y agentes de transformación que se encargaran de ellos.

Los cinco ejes son el combate a la corrupción e impunidad; combatir a la arbitrariedad y el abuso de poder por parte de servidores públicos; impulsar la gestión pública efectiva en materia de transparencia y mejoramiento de procesos con el fin de identificar y controlar con riesgo de corrupción; el cuarto eje reconoce la necesidad de involucrar a la sociedad, sector público y privado; mientras que, el quinto eje se trata de la prevención de la corrupción, a través de la promoción de la cultura de la legalidad y la integridad.

El PEA contempla cuatro principios transversales que consisten en la coordinación entre autoridades para la armonización de acciones, el respeto a los derechos humanos, gobierno abierto y participación social, así como la incorporación de acciones como el de uso de datos relevantes para el control de la corrupción.

Al evento acudieron funcionarios estatales, la rectora del BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, así como el presidente del TSJ, Héctor Sánchez Sánchez, el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, aunque el gran ausente fue Francisco Romero Serrano, a pesar de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) es en la cual se ventilan asuntos de revisión del manejo de los recursos públicos.