El gobernador, Miguel Barbosa, refirió que todos los servidores públicos deben tener un comportamiento ejemplar fuente a la ciudadanía.
En ese sentido, aseguró que solicitará información con respecto a la supuesta orden de aprehensión girada en contra de Francisco Romero Serrano, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
El mandatario local dijo que ningún hecho debe quedar impune, por lo que si cometió un delito como el que se le señala, de violencia familiar, se debe investigar y de comprobarse los hechos se deben enfrentar responsabilidades.
“Lo único que desprendo de ello, aquí no hay impunidad en Puebla, la verdad es que todos los hechos que son transgresiones a la norma legal pues se investigan, es lo único que puedo opinar, no tengo información sobre este asunto y voy a pedirla para tener información, si me preocupa, si debe haber de parte de los servidores públicos un comportamiento ejemplar, eso desde luego que debe ser así”.
Miguel Barbosa dijo que todo servidor público debe comportarse, ser respetuoso y ejemplar ante la sociedad, “un servidor público debe ser muy cuidadoso en su comportamiento, debe ser austero, debe de actuar con mucho respeto frente a todos”.
En medios de comunicación local trascendió una supuesta orden de aprehensión girada en contra de Francisco Romero Serrano, por el delito de violencia familiar.
Rechaza Francisco Romero Serrano denuncia en su contra
En entrevista por separado, Francisco Romero Serrano, desmintió que este denunciado por violencia familiar, dijo que se trata de un asunto político en su contra.
“El tema aquí es que mi esposa no presentó ninguna denuncia, estamos tranquilos porque a nivel familiar estamos muy bien, ahora si que en lo que en un momento determinado pudiera decir un medio y sobre todo el hostigamiento de la Fiscalía de Puebla obedece a tintes políticos, entonces a esos tintes políticos habrá que enfrentarlos”, dijo el auditor.
El titular de la ASE refirió que “en esta vida todo es posible”, por lo que no dudó que este elemento sea ocupado para destituirlo de su cargo, pues los servidores públicos no deben tener denuncias en su contra, aunque él rechazo que su esposa lo haya denunciado por supuesta violencia familiar.