La Auditoría Superior del Estado (ASE) anunció que fue detectada una dirección IP mediante la cual se distribuyeron los formatos para que sujetos obligados se negaran a presentar la información requerida y retrasar los procedimientos para la rendición de cuentas.
De acuerdo con el órgano fiscalizador, en información difundida a través de redes sociales, iniciaron las investigaciones por parte del área de Tecnologías de la Información, ubicando que la dirección IP del origen del formato utilizado por 61 entes fiscalizables para dilatar los procesos de fiscalización referidos la semana anterior, está a nombre de una persona llamada Fernando del Villar.
Asimismo anuncia que la prueba será presentada ante las autoridades correspondientes una vez que hay la comisión de presuntos delitos.
La semana pasada el titular de la Auditoría Superior, Francisco Romero Serrano, informó que desde hace algunos días recibió información de titulares de universidades tecnológicas y otras dependencias para que se abstuvieran de entregar la documentación requerida por el órgano fiscalizador.
Precisó que tras haber concluido el plazo para la entrega de la documentación requerida, así como para presentar un recurso, lo que están haciendo es presentar los llamados “escritos libres”, a fin de dilatar los procedimientos fiscalizadores, y evitar la rendición de cuentas.
Dijo que la información que recibió por parte de los sujetos de revisión fue que desde la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Amada López Nava, se les estaban dando instrucciones para no cumplir con su obligación.
Destacó que los “escritos libres”, tienen el mismo machote, y por error uno de los sujetos de revisión lo entregó junto con su documento a la auditoría.
Precisó que la ASE tiene facultades para fiscalizar recursos federales, esto de acuerdo a la coordinación que hay con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Manifestó que lo que se busca es retrasar todos los procedimientos para que no se cumpla en tiempo y forma con la entrega de los dictámenes.
Sentenció que esta acción dilatoria se configura en el delito de “obstrucción en la fiscalización” por lo que, advirtió, presentará las denuncias ante las instancias correspondientes para que actúen en consecuencia.
El retraso en la LX Legislatura
En entrevista anterior, Francisco Romero Serrano señaló que, a pesar de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) entregó antes de noviembre de 2019 los dictámenes en contra de 39 exfuncionarios públicos, mismos que fueron aprobados por la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, la Junta de Gobierno de la LX Legislatura que encabezaba el diputado Gabriel Biestro Medinilla congeló los documentos, por lo que se facilitó el perdón en materia administrativa para los presuntos responsables de causar daño patrimonial.
El auditor Francisco Romero Serrano señaló que se está trabajando sin rezago, mientras fue en el Congreso donde se detuvieron los documentos.
“La Auditoría Superior del Estado durante la gestión del ex encargado de despacho, Alberto Segovia entregó a la Comisión Inspectora el informe, y ésta hizo su trabajo, y lo entregó al pleno para que fuera dado a conocer, sin embargo el pleno lo congeló más de un año por alguna razón que pudiera ser de tipo político, o de conveniencia y eso lo sabrá Gabriel Biestro”, indicó.