La presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Xel Arianna Hernández García, presentó una iniciativa para reformar la ley en materia educativa a fin de que se establezcan los protocolos para erradicar la discriminación, acoso, y violencia en las escuelas, ya que a pesar de que están prohibidas éstas prácticas, existen lagunas para su ejecución.
La legisladora recordó que en el estado de Puebla está prohibida la violencia, el hostigamiento y el acoso escolar, en cualquiera de sus modalidades, como lo afirma la Ley de Seguridad Integral Escolar, misma que a su vez obliga a las instituciones educativas a garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar.
Indicó que para ello deben establecer en sus reglamentos y disposiciones internas, los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir el acoso, el hostigamiento, la agresión física o psicológica, la burla y humillación hacia los demás y especialmente hacia los niños, las niñas y los adolescentes.
Dijo que la reforma es al Artículo 92 de la Ley de Educación: “La Secretaría, en el ámbito de su respectiva competencia, emitirá protocolos de actuación que sean necesarios para el cumplimiento del artículo anterior de esta Ley”, cita.
“Entre los protocolos que se emitan, deberán comprender la prevención, detección, atención y sanción de la violencia que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario, así como los casos que se presenten por discriminación en razón de género, raza, condición socioeconómica, preferencia sexual; por padecer alguna discapacidad; pertenecer a pueblos o comunidades indígenas o a cualquier situación de vulnerabilidad. A su vez, determinarán los mecanismos para la mediación y resolución pacífica de controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad educativa.”
Comentó que, actualmente, la ley vigente en materia de educación, en desarrollo de lo anterior, establece que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos.
Hernández García dijo que para el logro de lo anterior, el artículo 92 de la Ley de Educación Estatal, autoriza la emisión de protocolos de actuación que sean necesarios para ese fin. En tal sentido, se hace necesario contar con las medidas para que padres de familia, maestros, aprendientes además de asociaciones civiles que trabajen en las escuelas puedan detectar, prevenir, atender y, en su caso, que las autoridades competentes sancionen las acciones antes señaladas.
Recordó que, lamentablemente, el no aplicar los protocolos pueden tener otras consecuencias, entre ellas llevar a la depresión a los menores, y lo más grave inducirlos al suicidio.
