El pleno del Congreso del Estado, aprobó la remoción de Francisco “N”, como auditor superior del estado, al estar impedido para desempeñar el cargo, luego de que desde hace más de un mes se encuentra privado de su libertad.
Con 36 votos a favor, 3 abstenciones Francisco "N", electo en noviembre de 2019 fue legalmente removido del cargo, ya que el proceso penal que enfrenta, ajeno a temas de fiscalización tardará de acuerdo al tema de juez que lleva el proceso, tardará varios meses.
En sesión extraordinaria, la presidenta de la Comisión Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Olga Lucía Romero Garci Crespo señaló que tras la determinación lo que procede es la designación formal de un encargado de despacho, y posteriormente la convocatoria.
Indicó que es al Congreso el cuidar la fiscalización de los recursos públicos del estado, y se cuenta con un organismo encargado, es la Auditoría, e indicó que la ley es clara en lo referente a los requisitos para la destitución del titular del área.
Comentó que fueron dos las solicitudes de remoción las que se presentaron, y la comisión que preside fue la encargada de analizar el procedimiento por causas graves, además de que en el debido proceso se dio la garantía de audiencia al que se tiene derecho.
Recordó que Francisco “N” fue notificado del procedimiento, y formuló los alegatos. Además de le expusieron las causas sobre todo la referente que se encuentra imposibilitado para desempeñar el cargo, y actualmente la ausencia del titular afecta el desempeño de la auditoría, y la fiscalización.
Insistió en que por lo anterior existen los elementos para la remoción de acuerdo al marco legal.
Designación ilegal
La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia advirtió que desde la elección en noviembre de 2019 fue ilegal ya que no se obtuvieron los 28 votos de la mayoría calificada, ya que desde la LX Legislatura estuvo viciado el procedimiento, y no debió ocupar el cargo.
Segundo auditor destituido
En 2011 se dio la primera destitución de un auditor, en ese entonces, denominado Órgano Superior de Fiscalización del Estado, luego de que se encontrara una bodega presuntamente “clandestina”, donde se tenían expedientes de la administración de Mario Marín, sin que a la fecha se hubiera comprobado lo dicho por el grupo morenovallista.
Así ante las presiones, el titular Víctor Manuel Hernández Quintana renunció el cargo y se emitió la convocatoria para elegir al nuevo funcionario, David Villanueva Lomelí quien se convirtió en el primer auditor superior del estado al haberse aprobado en la nueva figura.
