El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, informó que el Congreso del Estado revisará a fondo la viabilidad para revertir la concesión de agua potable y que el Ayuntamiento de Puebla asuma la responsabilidad sobre la prestación del servicio.
Entrevistado al iniciar el segundo período ordinario de sesiones del primer año legislativo, reconoció que es un tema muy complicado que requiere de un análisis profundo derivado de las implicaciones económicas y jurídicas que tendría cancelar el contrato de prestación de servicios a Concesiones Integrales y/o Agua de Puebla para Todos.
Aclaró que el Poder Legislativo será cuidadoso en la decisión que tome sobre la concesión del agua potable y buscará que en todo momento se garantice la prestación del servicio a los usuarios en la capital y que este sea de calidad.
“Hay que ver cuáles son las letras chiquitas para poder ir de lleno a un tema de cálculos y un análisis muy puntual para poder generar mejores condiciones y los municipios deben ser responsables o de la ejecución o de la supervisión de todos los servicios públicos”.
Céspedes Peregrina expresó que esperarán a conocer la propuesta del Gobierno de Puebla para dar marcha atrás a la concesión del agua potable que fue aprobada en la LVIII Legislatura para determinar la estrategia jurídica que seguirán para concretar el proyecto.
Fracaso en su intento la LX legislatura
En la LX Legislatura a pesar de ser un compromiso de campaña por parte de Morena, a la mitad del período el líder de la bancada Gabriel Biestro Medinilla, señaló que la legislatura solo realizaría reformas a la Ley del Agua del Estado de Puebla para que hubiera tarifas justas, e indicó que el cancelar la concesión en estos momentos, generaría problemas al estado.
Biestro Medinilla aceptó que en el corto plazo no podrían cumplir con esta promesa de campaña porque hacerlo provocaría un daño al patrimonio del estado por el pago de una penalización por cancelación.
Subrayó que estaban legislando para impedir el corte del suministro de agua y drenaje por no pagar el servicio domiciliario así como recuperar la facultad para establecer las tarifas por el vital líquido en Puebla.
“Pero de que lo vamos a deshacer lo vamos a deshacer, nosotros podríamos en este momento desconocerlo pero nos vendrían multas de miles de millones de pesos que afectarían las finanzas del estado. No podemos hacerlo de esa manera sino de la forma correcta y mientras tanto vamos a garantizar que se mejore el servicio con tarifas justas y tomar al agua como lo que es un derecho humano y no un negocio”.
Biestro Medinilla sentenció que no quitarían el dedo del renglón y revertirían el contrato de concesión entregado a la empresa Agua de Puebla para Todos ante el incumplimiento del compromiso de llevar el vital líquido a todo el estado con precios justos y suministro constante.
