La activista Cecilia Monzón, quien fue asesinada la mañana de éste sábado en Camino Real a Cholula luego de ser perseguida en Motocicleta, denunció en abril del año pasado que seguía siendo víctima de intimidación tras haber denunciado por violencia política de género a Manlio López Contreras.
La activista cuestionó en se momento que hubiera sido una mujer la que en el Tribunal Electoral del Estado levantara las medidas aplicadas a Manlio López Contreras, y anunció que emprendería el procedimiento penal y ella misma se representaría, ya que seguía siendo víctima de intimidación.
Fue en una conferencia de prensa que Cecilia Monzón recordó que la magistrada Idamis Pastor levantó las medidas cautelares que le había impuesto el Instituto Electoral a López Contreras, y esto demuestra que la violencia en contra de las mujeres puede ser aplicada por ellas misma, manteniendo una postura machista.
Cecilia Monzón señaló que éstas medidas que aplicó el Instituto Electoral del Estado son únicamente para que Manlio López dejara de hacer expresiones en contra de ella, frenando la violencia en contra de una mujer.
La magistrada Idamis Pastor, en la resolución señaló: "Se estima que la responsable actuó de manera incorrecta, ya que al momento de realizar el análisis bajo la apariencia del buen derecho, omitió valorar la actualización concurrente de los elementos fijados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 21/2018 y por otra, no fundamentó y motivó la razón por la que arribó a la conclusión de que la posible revictimización de la denunciante era suficiente para decretar la adopción de las medidas cautelares solicitadas".
En consecuencia, el Pleno del Tribunal resolvió revocar la resolución dictada por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Puebla en el procedimiento especial sancionador SE/PES/CMP/024/2021 para los efectos precisados en esta ejecutoria.
Cecilia Monzón
Entre los casos más sonados que llevó la activista Cecilia Monzón Pérez fue la denuncia de irregularidades en el Juzgado Segundo de lo Familiar, hecha en octubre de 2021, donde se habían violentado los derechos de una madre de familia a quien desde hacía tres años no veía a su hija, una vez que las autoridades judiciales presuntamente están actuando a favor de un ciudadano de origen extranjero, y pidió la intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez.
En conferencia de prensa, la abogada presentó a Daniela Flores Mustre, mujer que fue separada de su hija de 7 años de edad y que señaló que autoridades del Poder Judicial y Ministerio Público (MP) presuntamente han actuado en complicidad con su expareja sentimental, para quitarle la guarda y custodia de la niña.
La señora Flores Mustre dijo ser víctima de la llamada violencia vicaria, la cual se ejerce cuando uno de los padres utiliza a sus hijos para causarle daño a la otra persona, debido a conflictos de pareja.
Cecilia Monzón, representante legal, explicó que el exesposo de Daniela, David Harrison, quien es de origen francés, hizo uso de influyentismos para impedirle ver a su hija y la denunció injustamente por abuso sexual, delito que no ha podido ser comprobado porque no se cometió.
