A más de veinte días de que se publicó el decreto por el cual se autoriza el ajuste tarifario en los servicios de suministro y saneamiento de agua potable, colectivos denunciaron que la empresa Agua de Puebla no realiza el tratamiento del líquido, mismo que no se puede tomar directamente de la llave porque no es potable.

En conferencia de prensa, representantes de colectivos, entre ellos la Asamblea Social del Agua, señalaron que hay diversas irregularidades en el documento presentado por Soapap, el cual favorece directamente a la empresa.

María Eugenia Ochoa, indicó que independientemente de los obstáculos que se han presentado para hacer efectivos los descuentos a los usuarios del servicio, el problema es que están cobrando el saneamiento del agua, pero la queja de toda la sociedad es que lo que se está enviando no es potable.

Expresó que en los recibos bimestrales está llegando el cobro por ese servicio que no se recibe, además de que la Comisión Nacional del Agua ya aplicó multas a la empresa y Soapap no ha hecho nada.

Indicó que el reporte que se tiene es que son 220 las colonias de la capital que no tienen servicio, pero tuvieron que pagar el derecho de conexión, e incluso les están llegando los recibos para que paguen algo que no tienen.

La activista advirtió que el ajuste aprobado por el Congreso en el mes de julio, es un espaldarazo a la concesionaria, cuando el antecedente que se tenía fue del 5 de Mayo, el presidente de la república tras escuchar las quejas del servicio, planteó que la federación estaría dispuesta a apoyar incluso si se requiriera pagar una multa para que la empresa se fuera.

Precisó que un tema es el de los medidores que se ponen sin preguntarle a la gente, y el problema es la medida porque se han ido incrementando los costos que se elevan hasta en un 500 por ciento.

Advirtió que en el tema de la tarifa fija, a 42 colonias se les pasó de un estrato inferior a uno superior sin presentarles argumentos, lo cual lleva a la ilegalidad en los cobros.

Toleran grandes aumentos

El representante legal de los colectivos, José Luis García Bello advirtió que los ajustes a las tarifas desde que se privatizó el servicio ha sido hasta de un 500 por ciento, y el Sistema Operador que es el organismo que debe regular la empresa, no ha hecho nada.

Asimismo los colectivos señalaron que nunca debió aprobarse la concesión además de que no hubo discusión en el Congreso y se impuso el privatizar el servicio.