El diputado federal Alejandro Carvajal, acusó que los burócratas federales, al adquirir una vivienda por medio de un financiamiento por parte del ISSSTE, pagan un interés mayor al que cobran las instituciones bancarias, lo que daña la economía, y el beneficio social es nulo, además se convierten en deudas impagables.

En conferencia de prensa, el legislador informó que se va a proponer una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para facilitar la obtención de un crédito hipotecario y evitar que por un atraso se pierda la vivienda adquirida.

Carvajal Hidalgo, dijo que la legislación establece el derecho de los trabajadores a poder recibir un crédito que garantice un pago justo por su vivienda y cuyos intereses no afecten su economía y hasta el momento no se está cumpliendo con el objetivo de que los burócratas cuenten con viviendas dignas.

Subrayó que su propuesta establece que los créditos se otorguen a elección del trabajador a un plazo no mayor de 30 años y que estos generen intereses únicamente sobre el saldo insoluto.

Enfatizó que este financiamiento deberá ser con una tasa de interés fija que no sea menor del 4 por ciento anual, ni mayor a la tasa de interés fija promedio sobre los créditos ofrecidos en la banca comercial.

“El derecho a la vivienda es fundamental en el desarrollo de las personas, de su seguridad patrimonial y de su bienestar general. Nadie debería sufrir por utilizar el financiamiento para hacerse de una casa”.

Indicó que en el caso que un trabajador pierda su empleo, accederá a una prórroga de 12 meses para el pago de su crédito y concluido este plazo si todavía no tiene un empleo, por única ocasión podrá reestructurarlo conforme a su capacidad de pago.

Insistió en que la legislación establece el derecho de los trabajadores mexicanos a poder recibir un crédito, que garantice un pago justo por su vivienda y cuyos intereses privilegien el espíritu social.

El esquema de créditos que opera conforme a la Ley del ISSSTE, permite que el saldo de la deuda se actualice anualmente por intereses de 6%, más un aumento conforme a la inflación, y al salario mínimo vigente, lo que acumula  y capitaliza la deuda original.

Explicó que la banca privada cobra en promedio un interés anual del 10.2 por ciento, por lo que la institución pública está otorgando créditos impagables, además de que se pone el riesgo el patrimonio del trabajador y su familia en caso de que deje de trabajar.

Finalmente, indicó que los diputados de Morena van a trabajar para que se apruebe la reforma al marco legal y se beneficie al trabajador.