El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dijo que acatarán la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al cobro del Derecho del Alumbrado Público (DAP); insistió que desde su punto de vista, no es inconstitucional.
El diputado local recordó que ya está enlistado el tema en la Suprema Corte, donde afirmó, espera con ansia el análisis de los ministros, para conocer la resolución y poder ya dictaminar.
“Lo que se desea es que sea favorable se vería que fue un trabajo correcto el que se realizó, si es rechazado tampoco se vería algún inconveniente, y se tomaría el análisis que realicen los ministros para ver qué es lo que tuviera que corregir en caso de que fuera necesario”.
Sostuvo que el tema del DAP en ningún momento implica un nuevo tipo de impuesto para la ciudadanía, al exponer que buscaron privilegiar mantener los mismos costos que venían cobrando desde hace muchos años, sin embargo, no estaban dentro del marco de la legalidad porque no estaban contemplados en sus leyes de ingresos.
Expresó que lo que se hizo es que el derecho pasara por la Ley de Ingresos buscando que fuera estrictamente constitucional, y es lo que está enlistado para su análisis correspondiente.
De la posición de diputados del PAN que se oponen al cobro, Céspedes Peregrina dijo que será responsabilidad de cada diputado el poder revisarlo, analizarlo y en su momento, votarlo.
Insistió que es muy responsable que entre todos los diputados revisen el documento, y determinar si el ayuntamiento necesita o no cobrar el derecho, y definir para qué quiere mayores recursos.
Explicó que en el caso de Puebla capital, mucho dependerá de la bancada, pues si considera que no necesita más, no se puede hacer nada.
Insistió en que la forma que se cobraba el DAP era inconstitucional ya que representaba un impuesto disfrazado, de ahí la resolución.
Explicó que con la reforma realizada, se permitió adecuar a las resoluciones de la corte las observaciones, en las leyes de ingresos de los ayuntamientos.
“La corte indicó que como estaba elaborado, era un impuestos disfrazado de derecho porque es poner una tasa fija a un consumo de energía eléctrica de cada consumidor, por lo tanto es un impuesto al consumo, y no un pago en retribución a un servicio de alumbrado público”.
Céspedes Peregrina añadió que es un tema de legalidad y orden, viendo cómo se dan las condiciones necesarias para poderle dar paso a ese tipo de acciones y con ello se busque que entre todos se den acciones que permitan tener mucha transparencia.
Finalmente, consideró que es necesario que los ayuntamientos cuenten con recursos.
