Al cumplirse un año de la explosión en San Pablo Xochimehuacán, el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Eduardo Castillo López, destacó la aprobación de las reformas para endurecer las leyes y sancionar a quienes otorguen permisos para construir en zonas de riesgo, y lo que vienen son las leyes secundarias.
En entrevista el legislador señaló que se tendrán que analizar las leyes secundarias a un año del evento, y aunque ya hay responsables y detenciones, la Ley de Asentamientos Irregulares es para ello, para que cualquier funcionario que otorgue un permiso de forma irregular, se le finquen responsabilidades.
Señaló que con la reforma que envió el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, va a ayudar para que muchos actores y sectores no puedan incurrir en delitos de este tipo.
Informó que en los próximos días se van a revisar las leyes secundarias para fortalecer la reforma.
Precisó que se va a fortalecer un escenario de trabajo, e indicó que se tienen 120 días para complementar la reforma
Recordó que la penalidad va de cuatro años de cárcel en adelante para quien otorgue permisos, además se parte de multa de 2500 UMAS en adelante.
El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable; de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil y del Código Penal todas del estado de Puebla, para sancionar con cárcel a funcionarios que otorguen permisos para construir viviendas en zonas de riesgo.
Los legisladores aprobaron la iniciativa enviada por el Ejecutivo, que prevé sanciones a los funcionarios públicos que realicen actos u omisiones para alentar, autorizar, aprobar, otorgar, conceder y/o permitir la fundación de asentamientos humanos en los derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones o zonas de riesgo donde exista la probabilidad de que se produzca un daño por considerarse no aptas para vivienda por los Planes de Desarrollo Urbano respectivos.
Con las reformas a estas leyes, se estableció una definición de asentamientos humanos y que los ayuntamientos son los responsables de emitir las autorizaciones y observar el cumplimiento de las normas federales y estatales respecto a los derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones y zonas federales, así como la normatividad de las zonas de riesgo.
Los legisladores aprobaron que ninguna autoridad podrá otorgar licencias, factibilidades, permisos o cualquier otra autorización relativa a la fundación y/o creación de asentamientos humanos en los derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones e hidráulica, así como en las zonas de riesgo correspondientes a ríos y barrancas.
Entre las reformas, también destaca que la pena de prisión se incrementará hasta en una mitad más cuando las conductas se realicen sobre áreas naturales protegidas o de preservación ecológica, en zonas no consideradas aptas para vivienda o en las que exista la probabilidad de que se produzca un daño.