Ante las quejas que se presentan por parte de ciudadanos, diputados locales revisarán que los costos de arrastre de vehículos y resguardo en depósitos oficiales, propuesto por el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, sean justos y no afecten el bolsillo de los poblanos, afirmó el legislador del PAN, Rafael Micalco Méndez.
En conferencia de prensa el legislador por Acción Nacional, señaló que, si bien a nivel estatal está regulado el costo de la prestación del servicio de grúas y los corralones, en el caso de los municipios no es así y hay casos en donde estos depósitos de vehículos están llenos y las unidades son enviadas a predios concesionados.
Manifestó que el ajuste en el precio del arrastre de vehículos y resguardo de autos no deberá ser superior al índice inflacionario nacional, que en promedio es de 8 por ciento, porque de lo contrario sería un golpe a la economía de los automovilistas.
“Ahí es donde se están dando los excesos y es donde tenemos que enfocar el análisis, de entrada, hay que revisar la Ley de Ingresos y ver qué tanto de porcentaje de incremento tiene y que esté acorde a la inflación que este año se aproxima a un 8 por ciento”.
Micalco Méndez manifestó que se tiene que hacer un análisis objetivo de la propuesta fiscal del Ayuntamiento de Puebla y en caso que exista algún ajuste superior a la inflación corregirlo para que no genere ninguna afectación a la economía familiar.
El legislador recordó que debe establecerse por parte de la Legislatura Local, en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, los montos que los ciudadanos tienen que pagar por los servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento, Resguardo y custodia de vehículos del Servicio Público de Transporte, Servicio Mercantil y Servicio Ejecutivo en depósitos concesionados y del Estado.
Sin embargo, en el Artículo 54 de la Ley del Transporte del Estado de Puebla, establece que las tarifas de los servicios de arrastre, salvamento, y depósito, no podrán rebasar las tarifas autorizadas por cada uno de los servicios, por la Secretaría a través de la Ley de Ingresos o en su caso del tabulador que publique.
Advirtió que este hecho que pudiera generar confusión en los ciudadanos, pues las leyes vagas e imprecisas, contradictorias o redundantes generan incertidumbre y no permiten a los ciudadanos discernir con seguridad que conductas están ordenadas o cuales prohibidas bajo sanción.
Por ello es dable, realizar una reforma al precepto normativo descrito con antelación, a efectos de clarificar dicha disposición, pues la claridad de las leyes genera conciencia jurídica y entronizan el valor de la certeza como principio básico del ordenamiento.
