El pleno del Congreso votará la iniciativa del Poder Ejecutivo que reforma el Código Penal del Estado en los artículos 418 y 419 para sancionar a los presidentes municipales que contraten policías que no cuenten con la certificación correspondientes, y la pena que van a enfrentar será de hasta siete años de prisión.

En comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, y Asuntos Municipales, aprobó por mayoría el documento enviado por el gobernador de Puebla ante los casos que se han detectado donde alcaldes contratan a personal sin que cumplan con el perfil; será en la sesión ordinaria del jueves cuando sea votada.

La reforma busca establecer la obligación a los cuerpos de seguridad municipal para que cuenten con la certificación y registro correspondiente, así como la imposición de penas y multas a la persona que acepte el empleo en alguna de las instituciones policiales sin contar con el certificado único policial o registro vigente.

En el documento al artículo 418 del Código se establece que quien empleo, comisión, o algún cargo en alguna de las Instituciones Policiales, sin contar con el Certificado Único Policial, y requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Pública, se aplicará una sanción de tres meses a siete años de prisión.

La misma pena se contempla con la reforma al incluir la fracción XVIbis del artículo 419 para sancionar a quien contrate personal sin la certificación, pero además de que no separe a quien no cumpla con la norma, es decir que durante el plazo de 90 días para hacer el diagnóstico se percate que hay gente sin certificar, y los mantenga en el puesto.

Alcaldes relajaron los requisitos

La diputada Isabel Merlo Talavera advirtió que en los últimos años se ha relajado por parte de los presidentes municipales la contratación de los elementos de seguridad y es necesario que se realicen las reformas.

Recordó que como expresidenta municipal considera que debe regresarse la confianza a los ciudadanos, que los policías sean capacitados, que se mejoren las condiciones de seguridad.

Asimismo presentó una propuesta para ampliar el plazo para aplicar las sanciones luego de que se lleve a cabo el diagnóstico que se establece realizar en 90 días.

Puebla dentro de la legalidad

El presidente de la Comisión de Procuración, Eduardo Castillo López, señaló la urgencia de regular un ingreso a los cuerpos de Seguridad Pública, pues afirmó que no es posible contratar a compadre a los amigos, luego de la situación que se vive en el estado.

Indicó que los acontecimientos que se han presentado a nivel estado donde se ha detectado en diferentes municipios donde los presidentes municipales contratan a directores de seguridad pública que tienen presuntos vínculos con la delincuencia, pero además se han detenido a policías municipales involucrados en la comisión de delitos.