El coordinador de los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, indicó que antes de excusarse en el tema de la regidora de San Pedro Cholula, Beatriz Pérez Fragoso, por una presunta relación personal, el Congreso del Estado deberá determinar si es de su competencia o no, luego de que fue una instancia administrativa la que presentó la solicitud de destitución.
Alcántara Montiel señaló que hay una confusión en lo que señaló la diputada Aurora Sierra Rodríguez, quien le pidió separarse del tema por una presunta relación familiar y aclaró que una cosa es una excusa, y otra una separación de la comisión.
Explicó que en el caso de la legisladora Mónica Silva, cuando se dio el caso del magistrado Héctor Sánchez, quien renunció al cargo, se excusó de participar.
Indicó que, hasta que se dictamine si es competente o no el Congreso del Estado, ya se caería en una segunda hipótesis si se excusa o no, además se tendría que acreditar fehacientemente si la presidenta municipal Paola Angón Silva, es parte o no del asunto.
El legislador señaló que si no se acredita que es parte, no tendría necesidad de excusarse, ya que se está hablando de supuestos, pero no se han analizado.
Indicó que lo que llegó del órgano interno de control, fue de la sub contraloría del municipio al Congreso, y es la autoridad responsable que realizó el acto.
Explicó que al platicar con la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Silva, lo que se ve es que la denuncia no la presentó ni siquiera la presidenta municipal contra la regidora, sino una integrante del sindicato del que forma parte la regidora, que fue denunciada por su propio sindicato.
“Ni la presidenta la denunció, ni la sancionó, por lo tanto veremos la particularidad, y lo primero es el tema de la procedencia de la revocación de mandato o no, y si es competente el Congreso en los términos de lo que se manda en el expediente para caer en una segunda hipótesis”.
Señaló que él está tranquiló y aseguró que estará pendiente del Código de Ética del PAN que promueve que los funcionarios no tomen partida en donde se tengan relaciones familiares.
Insistió en que el documento que llegó al Congreso no está firmado por la presidenta municipal, ni por la sindicatura, sino por la subcontraloría, que es la que lo remitió, además de que un órgano de control depende de todo el ayuntamiento.
“Si la presidenta fuera parte de la Litis, habría una causal, pero hay que revisar si encuadra no en la revocación de mandato, la ley es muy clara en cuáles son las causales en la revocación de mandato, y si lo que mandó la contraloría es procedente, o ni siquiera procede, y podría archivarse el asunto”.
