Luego de que fue derogado el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, en materia de límite de gastos en las entidades federativas, fue celebrado por diputada federal del PRI, Blanca Alcalá Ruiz.
Desde la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, la vicecoordinadora priista calificó como importante que se haya eliminado la disposición anterior que afectaba.
La misma señaló, sólo se autorizaba el 0.1% de gastos en comunicación social a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
“Lo que resultaba asimétrico para los diferentes entes públicos”, dijo, además, sostuvo, representaba un atentado con el principio de autonomía de la Hacienda Pública.
Detalló que ahora las entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinarán su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social.
"Con este andamiaje jurídico se fortalece el derecho al acceso a la información sobre las acciones de gobierno que tienen las y los ciudadanos, consagrado en el artículo sexto constitucional".
El pasado miércoles, sin discusión, todas las bancadas en la Cámara de Diputados aprobaron la reforma a la Ley General de Comunicación Social, para permitir a estados y municipios autorizar sus propios montos de gasto en publicidad.
De este modo, se suprime el límite a gobiernos locales equivalente a 0.1 por ciento del presupuesto de egresos, establecido apenas en diciembre en el plan B.
El cambio se aprobó en unas horas, luego de que el dictamen se avaló en la Comisión de Gobernación, donde Humberto Aguilar Coronado (PAN), dijo que precisamente el párrafo eliminado de la ley forma parte de la acción de inconstitucionalidad de la reforma electoral interpuesta por legisladores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Según medios nacionales, el panista ironizó que finalmente Morena leyó el plan B y que tres meses después cayó en cuenta que la disposición invade la soberanía de los estados.
La Ley General de Comunicación Social, aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en diciembre, incluyó en el penúltimo párrafo del artículo 26, que el límite del gasto del programa anual de comunicación, en su conjunto, no debe rebasar 0.1 por ciento del presupuesto anual.
Mientras que, en el último, se impone un límite de gasto de comunicación social de los estados por ese mismo porcentaje. Esta obligación se suprimió en la reforma votada ayer, a propuesta de Morena.
En la sesión de la Comisión de Gobernación, Mario Llergo, diputado de ese partido, presentó una reserva para que, además suprimir dicho párrafo, se agregara otro donde se autoriza a estados, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinar su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social.
No obstante, en sus consideraciones la comisión presentó un análisis del ejercicio del gasto de publicidad estatal en 2018, para calcular el gasto que tendrían que ejercer en 2023 aplicando el límite de 0.1 por ciento del presupuesto, según la ley.
