Previo a la conmemoración del Día Internacional para erradicar la discriminación, diputados locales proponen diversas reformas para lograr la igualdad en diversos sectores de la sociedad, y que el estado asuma su responsabilidad.

Luego de que este 17 de marzo se lleva a cabo la conmemoración, las y los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos aprobaron, por unanimidad, una reforma al primer párrafo del artículo 2 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

La iniciativa fue presentada por la diputada Nancy Jiménez Morales, como parte de la argumentación se estableció que la propuesta obedece a una homologación con la Ley General en la materia.

En el dictamen se estableció que, es obligación del Estado, en colaboración con los entes públicos, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, así como garantizar que todas estas gocen, sin discriminación alguna, de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, la Constitución del Estado y demás leyes aplicables.

Mientras el diputado por Morena, Carlos Evangelista Aniceto presentó una iniciativa para reformar el artículo 6 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla, donde se refiere a la Salud Mental y enfermos con SIDA.

En su argumentación el legislador señala que la reforma establece que estará prohibido negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y personas adultas mayores o por motivo de la condición de salud física o mental; Difundir sin consentimiento de la persona agraviada información sobre su condición y antecedentes de salud física o mental, o sobre cualquier otro dato personal sensible; Estigmatizar y negar derechos a personas con VIH/SIDA, o cualquier condición o antecedentes de salud física o mental.

La ley establece que establece que queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.