Entró en vigor la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas, luego de más de un mes desde su aprobación en el Congreso de Puebla.
Finalmente fue publicada la nueva legislación en el Periódico Oficial del Estado (POE), cuya ley establece que familiares y “personas legitimadas por la ley”, con o sin denuncia, podrán presentar la solicitud de declaratoria especial de ausencia.
La solicitud se podrá hacer ante el Juzgado de Primera Instancia competente, tres meses después de que se supiera de la desaparición o se haya hecho la denuncia.
De esta manera se regula el procedimiento para que las autoridades decreten la declaración especial de ausencia por desaparición de personas y, entre los efectos se tiene garantizar la patria potestad de los hijos de la persona desaparecida.
Asimismo, el proteger los derechos y bienes de las niñas, niños y adolescentes que sean hijos de la persona desparecida; así como fijar los derechos de guarda y custodia de las niñas, niños y adolescentes que sean hijas o hijos de la persona desaparecida.
Además, proteger el patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y bienes sujetos a hipoteca; los familiares podrán acceder al patrimonio de quien haya desaparecido.
Incluso, quienes pertenezcan a un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo, pueden seguir gozando de los beneficios correspondientes; se protegen los derechos de familiares, dependientes y se establece la disolución del vínculo matrimonial a petición expresa de la persona cónyuge presente.
Durante su participación en Tribuna, la diputada Mónica Silva Ruiz señaló que es responsabilidad del Estado otorgar certeza jurídica, así como proteger los derechos y patrimonio de las personas que se encuentran desaparecidas, además, que los derechos de sus familiares no sean vulnerados.
La diputada Karla Rodríguez Palacios, así como el diputado José Miguel Huerta Rodríguez destacaron la importancia de garantizar los derechos de las personas desparecidas, además, ayudará a las víctimas indirectas a contar con certeza jurídica, mientras se realiza la investigación correspondiente.
