La diputada local, por Acción Nacional, Susana Riestra Piña, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal, y tipificar como delito el difundir imágenes, o videos que estén relacionados con una investigación penal, y la pena podría llegar a los 13 años de prisión cuando se trate de hechos relacionados con niños o mujeres.
Susana Riestra propone reformas las fracciones XX y XXI del artículo 419, la fracción XII del 421, el 424; y se adiciona la fracción XXII al 419, todos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, para evitar la revictimización y malas prácticas de funcionarios.
Advirtió que existen servidores públicos que contrario a los principios que deben regir su actuar, buscan beneficiarse con su cargo o función, llegando a perjudicar a la ciudadanía que en principio deben proteger.
“Hemos visto como en medios de comunicación o en redes sociales se divulgan videos, fotografías o audios que presuntamente fueron grabados u obtenidos de servidores públicos donde buscan denigrar, evidenciar o vulnerar la situación o condición de una persona”.
Advirtió que el sistema de justicia mexicano se ha visto envuelto en una gran cantidad de escándalos, derivados de su falta de empatía con las personas involucradas en un delito, al filtrar imágenes e información sensible acerca de un hecho que puede o no ser constitutivo de un delito, terminando muchas veces esta información en la nota roja de los periódicos o en medios digitales, sin ningún tipo de consentimiento, lacerando la dignidad de los afectados y exponiendo la falta de ética profesional y humanidad, no solo por parte de las autoridades sino también de los medios de comunicación.
Por ello la propuesta es tipificar como delito a quien fotografíe, copie, filme, audiograbe, videograbe, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita, comparta, distribuya, publique, transmita, exponga, intercambie o comercialice ilícitamente imagen, audio, video, información o documentación, indicio o evidencia relacionada con una investigación penal, las condiciones personales de los involucrados, las circunstancias del hecho o hechos que la ley señale como delitos.
Explicó que la sanción por delitos equiparables, va de los cuatro a los diez años de prisión, pero se propone que la sanción prevista se aumentará en una tercera parte si la información que se difunde se refiere a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
