Tras la designación de la magistrada Idamis Pastor Betancourt como fiscal general del estado, el diputado por Acción Nacional, Rafael Micalco Méndez, propuso una reforma al Código Electoral del Estado para evitar este tipo de situaciones, con el argumento que se afectan los principios de imparcialidad.

Con la propuesta enviada a la Comisión de Gobernación, se reforma el artículo 332 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, señalando que aún con la solicitud de licencia, no podrán ocupar un cargo público.

“Artículo 332.- Durante el periodo para el cual fueron designados, los magistrados no podrán ser propuestos, ni tener ningún otro empleo, cargo o comisión en el servicio público, aun renunciando a su encargo como Magistrado, con excepción de aquéllos en que actúen en representación de la autoridad electoral jurisdiccional local, y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados”.

“Concluida su función, no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que haya ejercido su función”.

Señaló que la independencia de los tribunales electorales está directamente vinculada con la prohibición de que sus integrantes asuman otros cargos que puedan poner en peligro su autonomía, ya que cualquier vínculo con otras instituciones puede influir en su capacidad para dictar sentencias libres de influencias externas.

Precisó que la estabilidad en los tribunales electorales es crucial durante el proceso electoral. Los magistrados deben estar comprometidos y enfocados en sus responsabilidades. La posibilidad de cambiar de cargo podría desestabilizar el funcionamiento del tribunal, especialmente durante elecciones importantes.

Insistió en mantener la imparcialidad “Las autoridades encargadas de organizar las elecciones deben actuar con total objetividad, sin favorecer a ninguna de las partes involucradas en el proceso electoral. Esto implica no favorecer a ningún partido político ni a ningún candidato, garantizando una competencia justa. Es decir, las elecciones deben garantizar condiciones de igualdad para todos los participantes, evitando que algún partido político o candidato se vea beneficiado de manera desproporcionada.”