Cuando aún no han concluido las investigaciones por separado que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), tras la explosión de una granada o de un artefacto explosivo que le costó perder una pierna y un brazo a un menor de 11 años de edad, las fuerzas castrenses decidieron anticipar una defensa, en caso de que sean hallados culpables por negligencia y lo que resulte.
Aun cuando sabemos de ante mano que los peritajes de la PGJ podrían beneficiar a las fuerzas castrenses, el peritaje federal militar todavía puede revelar otra realidad en el caso que le cambio totalmente la vida al pequeño Oswaldo; esto motivó que el teniente coronel Francisco Antonio Enríquez, quien tiene el cargo de subdirector de Comunicación Social de la Sedena, se haya referido al caso como que “lamentaba lo ocurrido”.
Sin que por el momento se conozca cuál fue el resultado de las investigaciones periciales nuestro personaje no sólo llegó a lamentarse, sino también a defenderse porque dijo que el Ejército tenía los permisos para hacer prácticas en esa zona; entonces, el lector adivinaría a quién están favoreciendo estos peritajes.
Pero muy lejos de si las fuerzas armadas tenían el permiso o no de realizar prácticas en esa zona, existe el hecho de que hubo bastante negligencia en el caso.
¿Quién abandonaría una granada o un explosivo tan a la ligera?
El lector probablemente está enterado de que todo el parque vehicular, armamento y uniformes, están debidamente controlado, al grado de que cada elemento tiene bajo su resguardo armas de cargo, proyectiles, granadas y todo lo que compone su indumentaria, y cuando salen a prácticas tienen que justificar en qué y cómo utilizaron el armamento, además de que deben regresar el sobrante.
¿A quién se le olvidó la granada?
De haber sido un elemento raso quien “olvidó” un objeto explosivo, en estos momentos se estaría notificando toda una investigación militar y los medios de comunicación lo estarían haciendo “pedazos”, pero como se debe de tratar de un “alto mando” el olvidadizo, entonces los comentarios siguen en favor de los militares.
Nada más falta que se procese al menor por tener en su poder un arma de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas.

Pobre Servicios Periciales de la PGJ
El caso de la muerte violenta de Thalía, la estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación, ultimada violentamente de un fuerte golpe en la cabeza y luego arrojada a la barranca del Mirador de Ocoyucan, en la vía estatal Atlixcáyotl, envuelta en dos bolsas de plástico negras y amarradas de la cintura, demuestran la pobreza en las investigaciones periciales; a grato tal, que la prueba del ADN tuvo que retrasarse por negligencia.
Esta misma negligencia afectó también las investigaciones realizadas por los criminalistas, sobre todo en el manejo del cuerpo, donde hubo demasiadas irregularidades que les vamos a narrar en una próxima entrega.
Pero mientras se discute hasta donde pueden afectar las malas investigaciones periciales al caso, le comentó que la muerte de Thalia se investiga por separado. La Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGADAI) investiga la denuncia por la desaparición de la estudiante, presentada el 14 de julio, y la Agencia del Ministerio Público de Homicidios investiga el caso de la mujer hallada sin vida, en estado de descomposición en una barranca del Mirador de Ocoyucan, el 22 de julio.
Ninguno de estos departamentos especiales de investigación tiene comunicación entre sí por el caso.
Por lo mismo, quedó totalmente excluida de las investigaciones la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, donde de manera inicial había sido presentada la denuncia por desaparición de persona.
Del caso, le prometo detalles para el próximo lunes.

Que se van, que se quedan
Lo que resta del año 2011 será trascendental para la vida de Puebla y de los poblanos, muchos de los personajes que llegaron de la mano del gobernador Moreno Valle para atender los problemas de los poblanos van a buscar un “mejor cobijo político”, pero antes van a tener que hacer mucha talacha.
Uno de los personajes que podría presentar su renuncia, por irse a la contienda política, podría ser el mismo procurador Víctor Antonio Carrancá Bourget, en caso de que Don Marcelo Ebrard así se lo pida, o las condiciones lo requieran.
Le seguiría el director de la Policía Ministerial del Estado (PME), Juan Luis Galán y con esto todo su séquito de colaboradores, y de nuevo no se sabría quién tomaría las riendas de una procuraduría que tiene todos sus cambios en el archivero; primero, porque la situación económica del estado así se los requiere.
Otros cambios que se avecinan, incluso se han anunciado, son la salida del secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas, quien también podría anexarse a la campaña política para la presidencia de la República.
Mientras esto pasa, en las filas de la PME “los golpes” son más fuertes que nunca, a grato tal que lo que hace a las investigaciones de delitos estos son demasiado lentas, lo que si les ha funcionado son las acciones en prevención del delito, en las que apoyados por la tecnología como “El rastreo satelital”, le han pegado a varias bandas de delincuentes, aunque muchos ya se han “desangelado” por tanto “sueño de opio”.
Ni siquiera les ha llegado su aumento.
Nos vemos cuando nos veamos.