Leticia Villeraldo, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos sexuales y Violencia Familiar de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), y Margarita Alonso Huerta, titular de la Primera Comandancia de la Policía Ministerial del Estado (PME), son en estos momentos las mujeres con más poder en las filas de la institución que persigue delitos.
Alonso Huerta enfrenta una investigación interna por abuso de autoridad, en tanto que su hijo Diego Alonso aparece como el principal sospechoso de la muerte de la que fuera su novia Thalia Martínez Ramírez, la estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación; sin embargo, ninguno parece inmutarse, pues el fuerte apoyo de Leticia Villeraldo parece debilitar las investigaciones que realiza la Ministerial, mismas que encabeza el director Juan Luis Galán Ruiz, para esclarecer el crimen.
Margarita Alonso no deja de pregonar los “fuertes lazos” que la unen con Villeraldo, y la entrañable amistad con la exprocuradora y ahora jueza Blanca Laura Villeda Martínez, al grado de que tranquilamente ha evadido investigaciones internas por abusos de autoridad y actos de corrupción.
Con sólo decirle que uno que se le ocurrió presentar denuncia en su contra por abuso de autoridad, ahora anda prófugo porque de una denuncia por lesiones en contra de su expareja, terminó como acusado del delito de lenocinio y ahora tiene que ocultarse mientras su abogado endereza los agravios “sembrados”.
La pregunta es simple: ¿qué sabe Leticia Villerado, o la comandante Margarita, que tienen a los altos mandos “comiendo de su mano”?
¿A qué le teme el procurador Carrancá o el maestro Galán Ruiz?
Todo parece indicar que el crimen de Thalía no va a ser esclarecido.

El 4 de agosto
Desde las 20:00 horas del miércoles 3 de agosto, Diego Alonso —hijo de la comandante Margarita Alonso Huerta, a cargo de la Primera Comandancia de la Policía Ministerial del Estado (PME)— es interrogado por la muerte violenta de la estudiante en la carrera de Ciencias de la Comunicación, Thalía Martínez Ramírez, de 22 años de edad, desaparecida el 14 de julio cuando se dirigía a la escuela a presentar un examen, misma que fue hallada el viernes 22, ya sin vida y en estado de descomposición.
En calidad de presentado, Alonso Huerta respondió a varias interrogantes que lo hacen el principal sospechoso de la muerte de la joven estudiante, además de que la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ), con apoyo de su similar del Distrito Federal, concluyeron pruebas periciales que pueden llevar a ubicar al homicida.
Thalía, de acuerdo a la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense (Semefo), murió por traumatismo craneoencefálico. Pudo haber sido asesinada el mismo 14 de julio —fecha en que se reportó su desaparición—, y que fue hallada una vez que el cuerpo entró en su fase terminal de descomposición, como consecuencia de haber permanecido ocho días en dos bolsas de plástico, sometida a humedad, sol y a depredadores del la barranca del Mirador de Ocoyucan, en la vía Atlixcáyotl.
Desde el mismo día que fue hallada, Thalía fue identificada por una playera que le regaló quien era su novio Diego Alonso; sin embargo, para ganar tiempo la PGJ decidió aplazar la identificación ante los medios de comunicación y comenzó a seguir las pistas que les dejó el homicida.
Las pesquisas que en ese momento realizaron tres grupos por separado, todos de la PGJ (la DGDAI, Grupo de Homicidios de la PMP, y el equipo de investigación del director de los ministeriales), los llevaron a ubicar a un solo sujeto como el homicida.
Las principales pistas fueron ubicadas en la forma en que fue manipulado el cuerpo, y es que quien la privó de la vida —de un fuerte golpe en la cabeza— metió su cuerpo en dos bolsas de plástico para basura, una para las extremidades inferiores y otra para las superiores, mismas que le fueron amarradas a la altura de la cintura con un cable de luz, dejándole un espacio tipo jareta para cargar él solo el cuerpo, tomándolo de la cintura, apoyándose con las dos piernas, para luego arrojarlo a la barranca.
Por la manipulación, se sospechó que el homicida fuera policía o que conociera las prácticas policíacas para mover un cuerpo.
Luego vino el probable móvil del crimen: los celos.
Diego Alonso, de alguna forma pudo acceder a las claves de Facebook y Twitter de Thalía, y de esta forma se enteró que ella tenía un amigo, Fabián Sánchez Rivera, quien vive en Huamantla, por lo que el día que la fue a recoger para llevarla a la escuela (14 de julio) le reclamó por esta amistad.
Los investigadores ubicaron y presentaron a Sánchez Rivera, quien demostró con pruebas que el día de la desaparición de Thalía el se encontraba en otro lugar y con otras personas, aunque dijo estar dispuesto a declarar las veces que le fuera requerido. Diego Alonso presentó también una coartada.
El hecho de que la PGJ ubicara y presentara a Fabián Sánchez, fue un mensaje que presuntamente Thalia envió a la cuenta de Facebook, “me voy con un amigo que conocí en Huamantla, está muy guapo, luego les platico”. Por lo anterior, se dieron cuenta de que alguien estaba manipulando la cuenta para desviar a las autoridades de lo que estaba ocurriendo.
Otro evento que llevó a ubicar al sospechoso fueron mensajes al celular de Thalía, donde presuntos secuestradores exigían una fuerte suma de dinero, o de lo contrario amenazaban con llevarse a Thalía en barco hasta China, lo que les pareció absurdo a los investigadores. También hallaron otra pista, una frase utilizada por el secuestrador que era muy común en el caló policiaco.
Dentro de las mismas investigaciones para esclarecer el caso de Thalía, se cometieron errores muy graves que dificultaron el trabajo de los investigadores.
Uno de estos errores fue que lavaran los restos de Thalía para la necropsia, cuando se debe de hacer una inspección a fondo —con todo y fauna cadavérica— para tratar de hallar indicios como cabellos, saliva y otras pruebas que no se pudieron concretar, por lo que fue necesario que la PGJ de Puebla solicitara el auxilio de la del Distrito Federal para agilizar las indagatorias.
Otro hecho que llevó al procurador Víctor Antonio Carrancá Bourguet a solicitar la intervención de la PGJDF, fue el hecho de que el principal sospechoso del crimen era hijo de una comandante de la PME, por lo que de manera inicial fue separada de su cargo y las indagatorias se realizaron desde el Distrito Federal, para que no fueran contaminadas.

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