De muy grave deber ser considerado el contenido de la carta "aclaratoria" enviada a Intolerancia por el titular de la Dirección General de Comunicación Social, la cual se convierte en una confesión del apoyo oficial que recibió el aspirante panista Ernesto Cordero en el evento del sábado pasado.
La "carta confesión", es una prueba fehaciente de la participación de funcionarios del gobierno del estado en un acto absolutamente partidista.
En su afán aclaratorio, Sergio Ramírez comete un gravísimo error, al reconocer que acompañó al gobernador en su carácter de director de la DGCS, la cual —según su inocente interpretación—, está facultada para “dar apoyo técnico” al titular del Poder Ejecutivo, en la persona de Rafael Moreno Valle.
Y efectivamente, el titular de la DGCS está facultada para todo lo que "explica" en su carta, sin embargo, no partió de la base de que a este acto, Rafael Moreno Valle no podía asistir en su carácter de titular del Poder Ejecutivo.
Lamentablemente, con esta carta, el vocero del gobierno estatal confiesa la participación de su equipo de colaboradores de la Secretaría General de Comunicación Social en apoyo del Ejecutivo del estado.
Me permito retomar el contenido de la aclaratoria.

Sin duda, la "carta confesión" no tiene desperdicio.
Sergio Ramírez colocó en un estado de ilegalidad al propio gobernador, quien seguramente pensaba resolver cualquier cuestionamiento por su presencia en el acto de Ernesto Cordero, respondiendo que asistió como ciudadano y no como titular del Poder Ejecutivo.
Lamentablemente, su vocero —a través de la misiva aclaratoria—, metió en un serio problema a su jefe, el cual deberá ser investigado por las autoridades competentes, entre ellas el IFE, la Fepade y la propia Contraloría Estatal, las cuales tienen en sus manos una confesión de parte de un alto funcionario del gobierno estatal.
Las violaciones legales están claramente estipuladas en diversos preceptos, entre ellos el artículo 134 de la Constitución General de la República, el 50 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Puebla, y el 347 del Cofipe entre otros.
Dice una máxima jurídica: "A confesión de parte, relevo de pruebas".
Y esta vez, aplica a la perfección en todas sus letras.
¿Qué pasará con los actores de esta flagrante violación?
¿Denunciarán los priistas? ¿Harán algo los demás suspirantes azules? ¿Volverá a la cargada el pejista J.J. Espinosa? ¿Seremos testigos de otro capítulo de impunidad en Puebla?
Veremos y diremos.