La corrupción es una plaga que ha infectado hasta la oficina más insignificante de nuestro sistema político mexicano; involucra una práctica ilegal que públicamente se ha sancionado como un “impuesto obligado”, “una compensación laboral” y hasta como un “daño del ejemplo”. Sin la modalidad del soborno sería imposible todo tipo de gestiones y comisiones dentro del complejo laberinto de la administración pública en cualquiera de sus órdenes de gobierno; desde luego, se trata de una práctica libre y extendida, necesaria a causa de la ineficiencia de la función pública y, obviamente, siempre en una curva creciente en virtud de su aceptación y accesibilidad frente a casi cualquier bolsillo.
En este país, y Puebla está muy lejos de ser la excepción, existe una vieja y anquilosada cultura de la corrupción. La legalidad y la transparencia siempre aparecen en las últimas planas de los diarios, de las prácticas políticas y de la vida pública en sí misma; es un tema ausente y pareciera que también innecesario. En razón de lo mismo llama la atención uno de los esfuerzos más recientes del gobernador Rafael Moreno Valle: desde hace varios días cabildea una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el estado de Puebla.
“Esperamos una iniciativa conjunta —con las otras fracciones políticas en el Congreso— para que tenga aprobación inmediata”, declaró.  
Loable la intención, no hay duda, aunque completamente ignorante —al menos en la apariencia del discurso— de que la ley por sí misma nunca es un recurso de transformación directa de las relaciones de contingencia persistentes en el espacio público. Las normas jurídicas, por más modernas o adecuadas que éstas sean, sirven de muy poco si su cumplimiento no se acompaña de acciones de gobierno que hagan que el fondo coincida con la forma. Lo que quiero decir es que los poblanos no necesitamos engrosar la glosa jurídica para gozar de un gobierno claro y transparente.  
De acuerdo con el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno presentado por Transparencia Mexicana el año pasado, Puebla ocupó el lugar número 15 a nivel nacional; apenas por encima de Guanajuato, Chiapas, Coahuila y Campeche. Según la misma fuente, los trámites relacionados con tránsito y vialidad, aduanas y comercio, así como juzgados y ministerios públicos encabezan las listas de los más susceptibles de corruptelas y tráfico de influencias.
Con o sin una nueva Ley de Transparencia, las cosas seguirán del mismo modo en tanto el gobierno del estado no implemente un servicio civil de carrera, obligatorio en todas y cada una de las dependencias gubernamentales; así como un programa de monitoreo ciudadano, escrupuloso y eficiente, capaz de poner fin a la impunidad con la que hoy trabaja el grueso de los burócratas y funcionarios que perciben su salario a costa de nuestras contribuciones.    
“El buen juez por su casa empieza”. En los últimos días el sitio de internet del gobierno del estado ha tenido algunas fallas técnicas que, hasta ahora, nadie ha explicado. De cualquier modo, y a varios meses de haber iniciado sus funciones, muchos currículos y cartas credenciales pertenecientes a funcionarios de todos los niveles, así como documentos oficiales que brinden información precisa sobre los pesos y centavos invertidos hasta el momento, sencillamente brillan por su ausencia en el portal oficial del gobierno del estado. Insisto, señor gobernador: “el buen juez por su casa empieza”.