Aunque no he sido partidario de publicar correos electrónicos en esta columna, esta vez haré una excepción por la fuerza de la denuncia que hace una empleada del Poder Judicial en el estado, y la cual implica de manera directa a Intolerancia Diario.
Te envío este correo, como una forma de demostrar el hartazgo a que hemos llegado seguramente muchos servidores públicos; ante la inmoralidad, ilegalidad, arbitrariedad y cinismo del gobierno de RMV. Seguramente, ya estás más que informado, que en todos los juzgados del TSJ prohibieron a los jueces publicar edictos en el periódico Intolerancia, porque según ellos es un medio que ataca al gobierno. La prohibición en sí es grave, pero es más grave que este acto que anula la más elemental libertad de prensa y de expresión se ordene en un órgano de poder, que conoce la ley y que está obligado a respetarla y hacerla cumplir; ya que al aceptar el cargo, todos los servidores públicos protestan guardar y hacer guardar la CONSTITICIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y las leyes que de ella emanen. Pero en el gobierno estatal es al contrario, llevan un récord en la Secretaría General de gobierno de cuántos edictos se publican y qué juzgados los publican, con la consecuente censura y prohibición por parte de la presidencia del TSJ de no publicar más edictos. Es aberrante e indigno que el presidente permita y solape ese atropello, en pleno siglo XXI, en un órden de gobierno, donde se supone se debe cumplir antes que cualquier otro interés, con el imperio de la ley, incluso contra cualquier abuso arbitrario del poder. Que lamentable, mientras la CONSTITUCIÓN reforma el artículo 1° para reconocer los DH, como derechos fundamentales del hombre y la obligación del Estado Mexicano, de respetar, proteger y garantizar estos derechos. En el Estado de Puebla retrocedemos a la era de los gobiernos despóticos, los que proscriben la libertad general, por atentar contra sus estamentos, por atentar su mundo de poder y represión, contra la pobreza y miseria del pueblo. Este gobierno prefiere la prensa que endulza sus oídos, el que engaña, el que miente y hace de la apariencia y de la falsedad su existencia real. El que prohíbe y censura a la prensa libre, que es el vigía del pueblo.
Es indigno que en las puertas de los tribunales de justicia se cierre el derecho a la libertad de escribir y publicar textos, cuando la propia Ley suprema establece como un derecho inviolable, y ninguna ley, ni autoridad, puede ni debe censurar, limitar, ni coartar los derechos fundamentales a la libertad de prensa y la libertad de expresión. ¿Qué acaso no es una violación manifiesta a estos derechos, el censurar a los jueces, a no publicar edictos en este medio de prensa? ¿Qué acaso no es anticonstitucional prohibir la entrega gratuita de su periódico en los juzgados? ¿Dónde está el respeto de las autoridades judiciales a la libertad de prensa y a la libertad de expresión? ¿Quién va a respetar o hacer respetar el Estado de Derecho, si somos un órgano de poder servil, abyecto, inmoral, sumiso e irresponsable? ¿Acaso, si esto lo sabe la sociedad, confiaría en nosotros su patrimonio, sus bienes y su libertad? ¿Qué pensará el pueblo de un órgano de poder que está obligado a obedecer la Constitución y la ley, pero que es rehén de un gobierno despótico? ¿Qué hará este gobierno despótico con los derechos del pueblo, indefenso, humillado y pobre?

Tras esta revelación, me di a la tarea de hablar con algunos jueces de lo civil y de lo familiar quienes me confirmaron la versión, y en concreto me aseguraron que fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia quien personalmente les dio esa orden, argumentando que se trataba de una indicación directa del secretario general de Gobierno.
Estamos hablando de un asunto de suma gravedad, que más allá de la persecución en contra de este diario, revela la inexistencia de la separación de los poderes e implica una sumisión total del poder judicial.
Ni más, ni menos.