La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) es un organismo autónomo constitucional, de innegable importancia para el buen funcionamiento de la vida democrática de una entidad que desde hace varios meses intenta, no siempre con el éxito esperado, generar mecanismos de función pública eficiente lejanos al corporativismo de antaño, a las redes clientelares y sobre todo a las cuotas políticas que, según los discursos del gobernador Rafael Moreno Valle, pertenecen al pasado de un régimen autoritario.
Con el correr de los meses los poblanos nos hemos dado cuenta de un hecho lamentable: nada ha cambiado, todo parece ser inmutable. Una y mil veces el funcionamiento gubernamental contradice las declaraciones de los más altos mandos de la administración estatal; en tanto que el situación que salvaguarda los derechos fundamentales es alarmante. Según el Informe Anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), publicado a principios de este año, Puebla es el segundo estado del país con mayor número de quejas por presunta violación a los derechos humanos de periodistas y activistas; también registra un total de 219 quejas, la mayor cifra a nivel nacional, contra el sistema penitenciario, además de ostentar el tercer sitio con mayor número de personas de habla náhuatl cumpliendo una condena o en espera a que el juez decida su libertad.
El trabajo realizado por la CDH Puebla, indiferente al grado de indefensión de las garantías individuales, de enero a la fecha ha registrado un total de 49 recomendaciones. De ese total seis están dirigidas a secretarías del gobierno del estado, seis más a la Procuraduría General de Justicia, en tanto que las 37 restantes señalan arbitrariedades administrativas cometidas por diferentes presidencias municipales. Resalta el hecho de que no exista una sola recomendación sobre trata de personas, “igualdad de armas” en el proceso judicial, violencia de género, discriminación a grupos vulnerables, extorsión, secuestro o crimen organizado.
El gasto público de la CDH Puebla no está correlacionado con su desempeño. El presupuesto de este ombudsman asciende a poco más de 18 millones de pesos, se trata de recursos del erario público que se “han tirado por la borda de la ineficiencia” pues, de lo contrario, las inspecciones de la CNDH no serían tan frecuentes ni tan pertinentes. Tal vez lo único auténtico detrás de la Comisión Estatal de Derechos Humanos radica en la ilegitimidad de su presidencia, así como en la ineficiencia de su función pública. Sin temor a equivocarme esto es una vergüenza nacional.