El pasado 16 de diciembre se informó en este espacio sobre el juicio que enfrenta el diputado federal del PRI Francisco Ramos, por reconocimiento de paternidad en el Juzgado Segundo de lo Familiar, de acuerdo con el expediente 146/2011, al que tuvo acceso Intolerancia Diario.
“De acuerdo al documento, la señora Karla María Salazar Olivares, con domicilio ubicado en el municipio de San Martín Texmelucan, demanda al legislador el reconocimiento de un menor de edad que en la actualidad tiene un año y meses, producto de una relación entre ambos.
”El procedimiento legal por parte de la demandante dio inicio —según consta en los documentos— en abril de 2010. A ocho meses de que Francisco Ramos recibiera las notificaciones correspondientes del caso, en las cuales se le solicitó presentarse de manera personal y voluntaria para la conciliación y posteriormente para el desahogo de pruebas, el diputado federal ha hecho caso omiso a los exhortos, a tal grado de verse en la necesidad de inscribir su nombre en las listas públicas del Juzgado Segundo de lo Familiar.”
Dicho procedimiento dio inicio, según establece el expediente, en abril de 2010. Sin embargo, después de nueve meses el Juzgado Segundo de lo Familiar no ha dado una sentencia que obligue o deslinde al legislador Francisco Ramos Montaño a cumplir con lo que la ley establece.
Según fuentes cercanas al caso, se presume un supuesto tráfico de influencias por parte del diputado tricolor, en la que se involucra al juez Segundo de lo Familiar, Luis Sánchez Vázquez, pues no solo se registraron retrasos en la aceptación del expediente, sino trabas hacia la parte demandante para el ingreso del mismo.
Ante las presuntas acusaciones, Intolerancia Diario platicó con el juez Sánchez Vázquez, quien no sólo se deslindó de cualquier acusación al respecto, sino que advirtió que el expediente ingresó para dictar sentencia el pasado 3 de enero y la ley establece un periodo de 15 días hábiles para dar un veredicto final, es decir, antes de que concluya el mes el legislador recibirá los resultados del procedimiento y tendrá que asumirlos.
“Desconozco las imputaciones de las que me habla. Debe haber una denuncia formal. Los anónimos no tienen ningún valor. No hay referencia de los mismos. Nosotros hacemos un tratamiento igual, tratase de quien se trate.”
Cabe destacar que Francisco Ramos Montaño no acudió a ninguno de los citatorios hechos por las autoridades para el deshago de pruebas ni envió a un representante legal, por lo que perdió su derecho de defensa e incluso la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes.
Obviamente, la historia no concluye aquí. En los próximos días le daré mas detalles del caso.