La indignación social en contra de los funcionarios de la administración marinista sigue creciendo como espuma cervecera.
Nadie puede justificar las riquezas inexplicables de estos personajes, sobre todo las del doctor Alfredo Arango y la que seguramente se conocerá de Javier García Ramírez.
Al parecer la estrategia utilizada por los verdugos morenovallistas dio en el clavo, al centrar sus averiguaciones en el enriquecimiento ilícito y no en los malos manejos administrativos, toda vez que las fortunas de los políticos —en la mayoría de los casos— no provienen del peculado o del robo como tal, sino de las jugosas comisiones que cobran a proveedores y contratistas.
De ahí que el punto central de las acusaciones nada tenga que ver con el ejercicio de la función pública, en donde es mucho más difícil tipificar conductas penales que pudieran llevar a la cárcel a los funcionarios en cuestión.
Si estudiamos el caso Arango nos podemos percatar de que su persecución tuvo como verdadero fin un escándalo mediático, antes que el hecho de enjuiciar a un funcionario por el desvío de recursos y el daño patrimonial al estado.
Hábilmente, el escándalo mediático fue detonado con la lista de propiedades del exsecretario de Salud, lo cual provocó una total indignación entre los poblanos.
El mismo caso sucederá si se cumple la orden de aprehensión en contra de Javier García, al momento en que se hiciera pública su fortuna.
Son expedientes que no resisten un análisis y que por sí mismos implican un linchamiento social en su contra.
Ahora bien, si el enriquecimiento de los políticos provoca de manera más que justificada un enorme coraje en la sociedad, creo que vale la pena reflexionar sobre aquellos políticos que despilfarran el dinero público de manera descarada.
Para fines prácticos, a nosotros como ciudadanos nos daña igual el robo del dinero público que el derroche de los recursos en obras banales y absurdas.
A usted y a mí, lo mismo nos perjudica que un político se haya robado 100 millones de pesos, o que los haya derrochado en la promoción de su imagen o en remodelar su residencia. Es dinero que se pierde o se tira, mientras que en Puebla viven miles en estado de miseria.
Por supuesto que quienes se enriquecen tipifican una conducta penal, mientras que quienes derrochan de recursos no.
Sin embargo, valdrían apena reflexionar sobre las conductas de nuestros gobernantes, quienes confunden el mandato constitucional con el otorgamiento de un “cheque en blanco” de parte de la sociedad.
Afortunadamente, las redes sociales nos han abierto la posibilidad de manifestaremos abiertamente sin el riesgo de la censura.
Ayer, el tema documentado por Proceso de los 60 millones despilfarrados en la remodelación de Casa Puebla sin licitación, fue tema puntero en Twitter.
Y créanme que no era para menos.
Pensar que gastaron 60 millones en remodelar la casita de Los Fuertes es una grosería, y que 12 millones hayan sido para la alberca y la palapa es para ahorcarlos.
Estos números explican la negativa del gobernador de dar a conocer el monto de la obra.
Ayer quedó demostrado que las redes sociales y los medios críticos servirán para descubrir los innumerables excesos de la actual administración.
Y lo mejor está por venir.