Al secretario de Seguridad Pública del estado se le cayó el teatro numerosas veces utilizado ante su jefe, el gobernador Rafael Moreno Valle. Tanto se acostumbró a presentar su renuncia, que se le hizo fácil encarar frente a una pobre tribuna de diputados locales —había 13 de 41— que fueron testigos de su comparencia, que al referirse al desalojo violento donde intervinieron sus “policías estatales” en Chignahuapan, no sólo justificó sus excesos, sino que hasta sentenció: “Quiero dejar claro que en Puebla nadie (está) por encima de la ley, y si eso me cuesta irme del estado, señores diputados, así lo haré.”
Su semblante señorío, adquirido al hacer uso de un vocabulario casi impecable ante diputados panistas y priistas que apenas “le rozaron los dedos”, cambió cuando José Juan Espinosa Torres, representante del Partido Movimiento Ciudadano, le dio a entender que no sólo se trataba de “justificaciones y amenazas”, le dejó en claro que “había litis en materia agraria, y hay jurisprudencia que ningún juez, ninguna autoridad podrá actuar hasta en cuanto no se resuelva la situación legal de estos terrenos”. En otras palabras le explicó con “manzanas” que sus “muchachos” actuaron en un claro abuso de autoridad, y le dejó entrever que si eso hubiera ocurrido en otro estado ya no sería el secretario de Seguridad Pública, sin decirle —claro está— que fue totalmente “cobijado” por el gobierno del estado.
Pero además, Espinosa Torres le recordó que no sólo en ese desalojo actuó con premeditación, alevosía y ventana, sino que además —como lo informó en su momento Intolerancia Diario— ordenó desaparecer toda prueba que lo incriminara: “No es un problema de usted, usted solamente siguió ordenes y puso en riesgo la vida de decenas de campesinos que pusieron en jaque, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, porque se secuestraron videos, fotografías que no se permitió que circularan ante la opinión pública, pero tenemos datos que acudieron de otras áreas de la Policía Estatal para desalojar a los campesinos que están peleando por su tierra desde 1934 y en 1982, siendo gobernador Guillermo Jiménez Morales, se tuvo que crear un fideicomiso.”

¡Qué pasó, qué pasó… estamos chupando tranquilo!
Don Ardelio no tuvo más que bajarle a su tono de voz, brindarle un reconocimiento al diputado que lo estaba increpando con la copia de una denuncia por lo ocurrido en Chignahuapan, el mismo que minutos antes le entregó de propia mano la foto de Artemia León Moreno, mujer de 68 años de edad que resultó seriamente herida en la cadera y parte de las asentaderas, la que utilizó buscando cámaras para sentenciar: “soy abogado y he ocupado diversos cargos que tienen con los derechos humanos y las garantías individuales y procuró respetarlos. Aquí hay leyes y hay orden, Puebla es diferente”.
Fuera del recinto oficial, en la oficina acondicionada para los reporteros, la algarabía no se hizo esperar, los compañeros de la fuente de Policía, los que cubren el Congreso y los mismos “orejas”, gritaron “¡sí se puede!”, “¡sí se puede!”, sin que fueran despojados de sus cámaras y grabadoras por el personal de don Ardelio que presumieron sus trajes “camufleados”, caminando por toda la 5 Poniente y calles cercanas al Congreso del estado, “no le fueran a hacer daño”.

Se le cayó el sistema al supersecretario
Para ese momento, ante la presencia de José Juan Espinosa —que demostró que “no le tiemblan los talones”— tuvo que abandonar su pose de “protector del estado”, donde presumió sus operativos “Bommm”, como los canturreó un diputado que casi le guiña un ojo, y tuvo que reconocer que en Puebla está presente el crimen organizado, reconoció 39 ejecuciones donde se encuentran implicados miembros de diversos cárteles. Aún más, dijo que otras muertes —a las que no se les puede atribuir este tipo de “firmas”— están en investigación para que sean anexadas a estas listas o tomadas como delincuencia común, aunque en otro momento dejó entrever que investigan a estudiantes provenientes de estados como Chihuahua, Tamaulipas o Moterrey.
Reconoció que en Puebla vivió Benjamín Arellano Felix, miembros importantes de los “Zetas”, del “Chapo”, pero lo hizo como dejándole la responsabilidad a las anteriores administraciones. Jamás dijo que hizo al respecto cuando fue director del AFI o de la misma Policía Federal.
Don Ardelio abordó el tema de la detención de al menos tres grupos de vendedores de heroína —con todo y sus apodos— pero no les dijo que en la actualidad en esa zona ya se incrementó la venta, ni tampoco dijo que un elemento de la Policía Estatal, exmetropolitano, exzorro y uno de sus “muchachos” de confianza, es quien la alienta, la propicia y la protege.