En diciembre, en este espacio se publicaron los detalles sobre el juicio que enfrenta el diputado federal priista Francisco Ramos Montaño, por reconocimiento de paternidad de acuerdo con el expediente 146/2011. Luego de diez meses, el juez Segundo de lo Familiar, Luis Sánchez Vázquez, dictó sentencia a favor de la demandante Karla María Salazar Olivares, madre del menor; ambos originarios del municipio de San Martín Texmelucan.
De acuerdo con el dictamen al que tuvo acceso Intolerancia Diario, la sentencia establece que:
“PRIMERO: Se declara PROBADA la acción de reconocimiento de paternidad ejercitada por Karla María Salazar Olivares.
”SEGUNDO: En consecuencia del resolutivo que antecede se declara la FILIACIÓN entre el menor Diego Arturo Salazar Olivares y el demandado Francisco Ramos Montaño.
”TERCERO: Como consecuencia del presente juicio de RECONOCIMIENTO de PATERNIDAD la ley impone una relación filial entre el menor Diego Arturo Salazar Olivares y el demandado Francisco Ramos Montaño.
”CUARTO: Se autoriza que en lo subsecuente quede asentado en el acta de nacimiento del menor Diego Arturo Salazar Olivares su nombre como Diego Arturo Ramos Salazar.
”QUINTO: Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, se ordena girar por medio del juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, atento oficio al ciudadano Juez del Registro Civil de las personas de San Martín Texmelucan Puebla, con el donde que se sirva a realizar las anotaciones correspondientes, que se han hecho referencia con antelación en el acta de nacimiento numero mil 73 y siete del libro seis del año 2010.
SEXTO: Se condena a Francisco Ramos Montaño al pago de gastos y costas generados por la tramitación del presente juicio.”
Hasta aquí la cita.

Animal Político
15 de diciembre de 2011
Francisco Ramos Montaño, diputado federal priista, enfrenta un juicio de reconocimiento de paternidad en el Juzgado Segundo de lo Familiar en el estado de Puebla, como establece el expediente número 146/2011 al que tuvo acceso Intolerancia Diario.
De acuerdo al documento, la señora Karla María Salazar Olivares, con domicilio ubicado en el municipio de San Martín Texmelucan, demanda al legislador el reconocimiento de un menor de edad que en la actualidad tiene un año y meses, producto de una relación entre ambos.
El procedimiento legal por parte de la demandante dio inicio —según consta en los documentos— en abril del presente año. A ocho meses de que Francisco Ramos recibiera las notificaciones correspondientes del caso, en las cuales se le solicitó presentarse de manera personal y voluntaria para la conciliación y posteriormente para el desahogo de pruebas, el diputado federal ha hecho caso omiso a los exhortos, a tal grado de verse en la necesidad de inscribir su nombre en las listas públicas del Juzgado Segundo de lo Familiar.
La carencia de una Ley de Paternidad Responsable, tanto en el estado de Puebla como en el país, obliga a las mujeres que tienen hijos fuera del matrimonio a sufrir la desigualdad de las circunstancias. Las madres deben solicitar ante las autoridades judiciales el procedimiento de juicio de reconocimiento de paternidad para lograr la filiación del presunto padre, en caso de que éste no haga el reconocimiento de manera voluntaria, a fin de que cumpla con sus obligaciones —como lo marca la ley— que consisten en proporcionar comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad, con base en sus posibilidades económicas.
Pese a las diversas iniciativas presentadas por priistas y panistas en la legislatura poblana e incluso en la Cámara de Diputados federal, aún no se cuenta con una “ley de paternidad responsable” con la cual mujeres —como Karla María Salazar— puedan exigir para sus hijos lo que corresponde a la manutención.
Según datos de archivo, en Puebla, la entonces diputada local Rocío García Olmedo presentó durante la legislatura pasada la iniciativa de decreto que creaba la “ley de paternidad responsable del estado de Puebla”. Según el documento presentado entonces “tenía el objetivo de favorecer el cambio social y cultural orientado al reconocimiento de la maternidad y paternidad compartida por igual, entre mujeres y hombres, para garantizar una mejor calidad de vida a las personas menores de edad, recudir el número de nacimientos de niñas y niños sin reconocimiento voluntario y legal por parte del padre y favorecer la igualdad entre los sexos”.
Además de que la iniciativa presentada manifestaba el hecho de “garantizar que los infantes, al cumplir un año de edad, se encuentren inscritos con los apellidos del padre y la madre y reciban el apoyo económico de ambos para garantizar su desarrollo y crecimiento”.
Dicha propuesta fue rechazada en el pleno no sólo por la entonces oposición, sino por algunos integrantes de la bancada priista que sin fundamentos alegaron carencias y errores en la iniciativa de Olmedo.
Posteriormente, la ahora candidata a senadora por el Partido Acción Nacional, Agusta Díaz de Rivera, presentó en la Cámara de Diputados federal una iniciativa para crear la “ley de paternidad responsable”. La legisladora con licencia explicó punto por punto la necesidad de proteger a los hijos de mujeres nacidos fuera del matrimonio. Modificaciones al Código Civil federal que por cierto hasta el momento no han tenido éxito.
Sin embargo, la ausencia de una ley como ésa, no implica que el diputado federal Francisco Ramos pueda evadir su responsabilidad en el tema, en caso de que el juez Segundo de lo Familiar falle a favor de la demandante. Hasta el momento el procedimiento está detenido por “extrañas circunstancias”, según fuentes cercanas a los involucrados.