Elmo Mayoral Bello, juez de Primera Instancia de Atlixco —usted lo debe recordar—, es el propietario de una residencia de más de 4 millones de pesos ubicada en San Andrés Cholula, que misteriosamente adquirió en 1.6 millones de pesos.
El malogrado juez de Tecamachalco, que dejó sus aspiraciones de ser magistrado en el piso, hizo otra de la suyas: participó en abuso de autoridad, auspiciado por la misma Procuraduría General de Justicia y agradecido por una diputada del Partido Acción Nacional, Myriam Galindo Petriz, para dejar en la cárcel a dos empresarios reconocidos por su honestidad, a quienes les inventaron una denuncia por chantaje para no pagarles ganancias de un parque funerario, negocio que ha enriquecido a la legisladora y a su pareja.
Ayer mismo, el juez Mayoral Bello dictó auto de formal prisión a los comerciantes Miguel Gutiérrez González de 66 años de edad y Gerardo Arturo Rivera García de 63 —el segundo, exdiputado por el PAN— como presuntos responsables del delito de chantaje cometido en agravio de Alejandro Corona López, esposo de la diputada.
La defensa de estos hombres había solicitado al momento de que los dos rindieron declaración preparatoria la ampliación del término constitucional para darles a conocer su situación legal, que terminaba a las 15:00 horas del 25 de abril. De entrada, el juez Mayoral se pasó por el “arco del triunfo” la legalidad del caso y dictó auto de formal prisión hasta el jueves, antes del mediodía, lo que constituye un delito. Pero muy aparte de esta felonía, el juez actuó como “de consigna” en un caso donde el delito no quedó totalmente configurado.

Con manzanas…
Alejandro Corona López acusó a sus dos socios —Miguel y Gerardo, de 66 y 63 años de edad— de chantaje.
El denunciante dijo al Ministerio Público que sus dos socios lo habían ido a ver a su casa y le pidieron 10 millones de pesos, de no entregar el dinero le dijeron que le harían daño a su familia. La denuncia fue “fortalecida” con la declaración de dos supuestos testigos, luego fue consignada y como “por arte de magia” el juez Mayoral obsequió la orden de aprehensión y esta fue cumplida de inmediato; los detenidos fueron lesionados y exhibidos, con boletín y todo, para completar la farsa.
Se supone que para que un delito pueda estar configurado —como el chantaje— es necesario que se reúnan otras pruebas, como cartas amenazantes, grabaciones de llamadas telefónicas, incluso un operativo policíaco en el momento en que se perpetra el delito, de otra forma solo se presume intento de chantaje porque jamás fue entregado ningún dinero.
Tomando en consideración que la denuncia de chantaje proviene de un problema civil, luego de que Alejandro Corona, Miguel Gutiérrez y Gerardo Arturo tienen problemas porque el primero no les quiere rendir cuentas del parque funerario Cristo Rey, que fundaron junto con otros socios, entonces la denuncia de chantaje no está del todo clara, además debe tomarse en cuenta que los denunciados son comerciantes que durante años se han ganado el respeto de los atlixquenses —uno fue diputado panista—, entonces se trata de hombres bien nacidos y buenos ciudadanos, no delincuentes como les han dado el trato.
Por todos estos “detalles”, amén de que el Ministerio Público de Atlixco se desentendió de una demanda que los dos comerciantes presentaron por abuso de confianza, el caso no debió de haberse manejado en forma tan “enérgica”, a menos de que hubiera dinero de por medio.

¿PAN transa al PAN?
Nada debe de extrañar cuando se trata de corrupción, tanto en las filas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) como en el Tribunal Superior de Justicia.
Lo que extraña es que sea el esposo de una diputada, quien deben de dar el ejemplo de honestidad, el que fragüe un abuso para evitar rendir cuentas de un negocio por el que además les tuvieron confianza. Lo que más extraña es que tanto victimario como víctimas hayan emanado o militen en un partido que aboga por la legalidad.
No cabe duda, estamos de mal en peor: corrupción y displicencia
Nos vemos cuando nos veamos.