Después de que Intolerancia Diario dejara al descubierto la opacidad con la que se maneja el gobierno del estado en temas como la compra del helicóptero modelo Agusta, por un monto superior a los 6 millones de dólares, este columnista obtuvo información que revela aún más serias anomalías por parte de la administración morenovallista.
De entrada, hay que hacer referencia a la respuesta de la Secretaría de Administración respecto a la compra de las aeronaves que conforman la flotilla actual del gobierno.
En este oficio se hace mención de los helicópteros comprados en los dos últimos sexenios, sin mencionar la compra del lujoso aparato marca Agusta, adquirido en este periodo estatal.
En medio de toda esta información, las autoridades han caído en serias contradicciones, toda vez que aunque reconocen que el gobierno tiene tres helicópteros, un Bell 206 en custodia de la Secretaría de Seguridad Pública, un Bell 407 convertido en ambulancia aérea SUMA, al servicio de la Secretaría de Salud y un Bell 412 para 12 pasajeros, este último no aparece físicamente en ninguno de los hangares oficiales.
Se presume que este aparato ya fue vendido por el gobierno del estado sin que se haya hecho pública esta operación.
En teoría, la compra del helicóptero Agusta debió realizarse con el dinero de la venta del Bell 412.
Todo indica que la falta de transparencia para dar a conocer estas operaciones obedece a que no existen los soportes administrativos que legitimen dichas transacciones.
Así las cosas, una de las banderas de campaña del morenovallismo, la de la transparencia en el uso de los recursos públicos, resultó ser una más de las múltiples promesas demagógicas que utilizan los políticos para alcanzar el poder.
Y todo este misterioso enredo no tiene otra razón que la de cumplir con el capricho de volar en el helicóptero más caro del mundo.
Ni más ni menos que el Ferrari de lo helicópteros.

“La mafia son todos”
Ahora que sale el tema de San Salvador Atenco y que se quiere culpar plenamente al candidato Enrique Peña Nieto, hay que recordar que uno de los responsables del operativo que fue exonerado por el gobierno federal es precisamente Ardelio Vargas.
Es posible que Acción Nacional se quiera subir al tema, pero ellos ahora tienen a Vargas Fosado de su lado, que por cierto recibió una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por este caso, una vez que la Policía a su cargo ingresó a domicilios particulares sin orden de cateo. Todo esto se encuentra documentado.
Pero si se trata de la izquierda y la represión, basta recordar las noticias de 1993, cuando el gobernador Manuel Bartlett ordenó reprimir a los habitantes de Nealtican, que se oponían a ser despojados del agua que hay en su suelo.
Pocos de la izquierda recuerdan que hubo un enfrentamiento y niños intoxicados porque la Policía lanzó gases lacrimógenos y una granada cayó al interior de la escuela 2 de Abril. Sin duda esto fue un exceso de fuerza por parte de la Policía enviada por el entonces gobernador.
Tampoco podemos olvidar la represión en contra de Gabriel Hinojosa cuando fue a clausurar, en su carácter de presidente municipal, las obras de Villa Flora, esto también con Bartlett.
Un caso más: el papá del director jurídico del gobierno del estado, Juan Pablo Piña Kurzin, el inolvidable gobernador Mariano Piña Olaya, ordenó el desalojo de la reserva Quetzalcóatl, que culminó con la represión a los pobladores de Cuautlancingo que defendían las tierras donde hoy se asienta el parque FINSA.
Sin duda, todos son una misma mafia.